San Juan, 29 abr (EFE).- El Gobierno de Puerto Rico deberá operar el próximo ejercicio fiscal con 900 millones de dólares menos que este año, un recorte que, junto a un plan de reactivación industrial, agrícola y turística, pretende establecer las bases para la recuperación económica de la isla.
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Así lo anunció hoy el gobernador puertorriqueño, Alejandro García Padilla, al presentar el presupuesto que quiere que rija durante el año fiscal que comenzará el próximo 1 de julio y que, por primera vez en veinte años, no incurre en nuevo endeudamiento.
Para evitar despidos masivos en el sector público, el principal empleador de la isla, y no tener que recortar el presupuesto de la Policía, que combate una preocupante criminalidad, o de la universidad pública, el Gobierno ha optado por la eliminación de decenas de organismos públicos y escuelas, la congelación salarial y la revisión de contratos.
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«Es un presupuesto balanceado sin despedir empleados públicos, ni impuestos nuevos y pagando la deuda con fondos recurrentes», resumió García Padilla en un discurso muy estudiado en el que también presentó sus propuestas para lograr que la economía, en recesión desde hace años, logre cambiar de rumbo.
El presupuesto presentado es de 9.640 millones de dólares, frente a los 9.770 del año anterior, pero incluye 775 millones de dólares que se destinarán exclusivamente a pagar deuda, para evitar así que la isla siga incrementado la ingente cifra de deuda en los mercados, que supera los 73.000 millones de dólares.
En su presentación, García Padilla habló de «recortes y ajustes» de 1.400 millones de dólares e incidió en la importancia de que los ingresos previstos, que también se elevan respecto al año anterior, sean igual a los gastos, por lo que si todo va bien, Puerto Rico no aumentará su endeudamiento.
Como parte de su plan para reducir el tamaño de la Administración pública y controlar así el gasto, García Padilla anunció la consolidación de 25 agencias públicas y el impulso de la informatización de los trámites administrativos.
Igualmente, se mantiene la congelación de salarios públicos y convocatoria de plazos, y se eliminan puestos de confianza (con el objetivo que las nóminas que se pagan por este concepto bajen un 20 %, adicional al 10 % que se exigió recientemente) e infraestructuras administrativas.
«Necesitamos cambios radicales para lograr una sociedad radicalmente más justa y más productiva. Con más días de trabajo, de clases y menos días de fiestas», dijo en referencia al elevado número de festivos que se celebran en la isla, aunque no ofreció detalles al respecto.
En general, ofreció un cambio de cultura y de forma de afrontar las dificultades para superar una crisis que está acompañada de un sangrante éxodo poblacional y de una violencia sin control.
«Entre 2009 y 2012, perdimos casi 100.000 puestos de trabajo y nuestro producto nacional se fue a pique. Junto con el desempleo, creció la deuda y el crimen», recordó el gobernador, que asumió el poder en 2012 y que acusó a su antecesores de reaccionar emitiendo más deuda para no tener que afrontar los problemas directamente.
Como contraste, defendió que su generación «no podrá permitir que Puerto Rico siga viviendo de crisis en crisis y de emisión en emisión».
«El presupuesto es un medio, no un fin; es una herramienta socioeconómica. Salir de las crisis requiere de ajustes eficaces», defendió el gobernador, que en su plan para reactivar la economía apuesta por reactivar la participación laboral e impulsar la biociencia.
También quiere adecuar la educación superior a las necesidades de la economía, potenciar las energías renovables, realizar una reforma contributiva, combatir la evasión fiscal y propiciar la digitalización de los trámites de Gobierno, entre otras iniciativas.
«En los meses por delante, nos aseguraremos de que Puerto Rico ofrezca sus tremendas oportunidades fiscales y su incomparable capital humano a los productos farmacéuticos que se encuentran en el proceso de salir al mercado», dijo en relación a la industria farmacéutica, otrora uno de los principales motores de crecimiento.
Al respecto añadió que «daremos la pelea por atraer las líneas de productos genéricos para sustituir los que descansan en patentes que están a punto de expirar».
Otro sector que ha perdido fuelle en las últimas décadas y que el Gobierno quieren retomar es la agricultura, «con estímulo a empresas pecuarias, frutales y de farináceos, café, caña y arroz; así como a la agricultura biotecnológica».
En el ámbito turístico, recordó que en el cuatrienio pasado cerraron en la isla 14 hoteles, con la pérdida de 481 habitaciones, y defendió que en los últimos quince meses se ha logrado que 18 anuncien su intención de reabrir, lo que supondría 1.064 habitaciones.
No se olvidó de la industria de los cruceros, por la que su Administración está apostando y que, según sus datos, ya ha registrado en quince meses un avance del 35 % en el número de pasajeros que llegan a la isla.
San Juan, 29 abr (EFE).- Cientos de personas, representantes de diversas organizaciones de trabajadores, educadores, civiles y políticas, se manifestaban hoy a las puertas del Capitolio de Puerto Rico mientras el gobernador, Alejandro García Padilla, presentaba el presupuesto para el próximo año fiscal.
El vicepresidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) -representación oficial de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)-, John Cestare Mercado, expresó a Efe su disgusto con el Ejecutivo por no atender los reclamos de los empleados de la compañía.
Tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo estudian cómo reformar esa empresa, que prácticamente ejerce un monopolio en la isla, para lograr reducir la factura de la luz.
«Después que le dijo a los trabajadores que iba a atender sus necesidades, este Gobierno ha hecho caso omiso a las necesidades de los trabajadores escudándose en la crisis, que es culpa de los grandes intereses», afirmó el vicepresidente de UTIER ante las puertas del Capitolio de Puerto Rico, que tiene el estatus de Estado Libre Asociado a EE.UU.
El dirigente criticó, además, el proyecto de Ley presentado por el presidente del Senado, Eduardo Bathia, y que entre otras medidas propone privatizar la AEE, que arrastra una deuda de miles de millones de dólares, y exigió al Ejecutivo «salud y seguridad» para los trabajadores de la compañía eléctrica.
Por su parte, el presidente de la Unión General de Trabajadores -organismo que representa a unos 11.000 empleados en la isla- Manuel Perfecto Torres, reconoció a Efe que Puerto Rico se encuentra en una crisis económica, pero afirmó que los obreros están dispuestos a contribuir en la búsqueda de soluciones.
En ese sentido, Torres recomendó que el Gobierno «le meta mano» a los municipios, reduciéndolos de 78 a 20, tal y como se ha especulado, aunque García Padilla no dijo nada al respecto este martes.
La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, María Elena Lara, asistió a la manifestación para reclamar a García Padilla que respete la decisión del Tribunal Supremo de la isla por la que declaró inconstitucional la reciente reforma del sistema de retiro de los miles de educadores de escuelas públicas.
Lara también dijo a Efe que su presencia en la manifestación era para «estar vigilantes» al mensaje del Gobernador ante la posibilidad de que se cierren unas doscientas escuelas públicas como parte de un plan para ahorrar dinero y reducir el presupuesto gubernamental.
En su mensaje de este martes, el gobernador García Padilla anunció un presupuesto para el año fiscal 2014-2015, que comenzará el próximo 1 de julio, que incluye «recortes y ajustes» de 1.400 millones de dólares y que, por primera vez en más de dos décadas, no recurre a financiación deficitaria.
El jefe del Ejecutivo se dirigió en la tarde del martes a los puertorriqueños para anunciarles que esa reducción se hará a través de un recorte de 547 millones de dólares en gastos operativos, sin afectar los servicios a la ciudadanía, según destacó.
Además, se eliminarán 25 agencias públicas, aunque insistió en que no se despedirá a funcionarios públicos, aunque sí se les congelarán los salarios, ni se recortará el presupuesto de la Policía ni de la Universidad de Puerto Rico.