Sao Paulo, 28 oct (EFE).- La Justicia brasileña ordenó la paralización «inmediata» de la licencia ambiental y de las obras de ejecución de la polémica hidroeléctrica de Belo Monte, en la selva amazónica, según una sentencia a la que Efe tuvo acceso hoy.
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La decisión del juez Antonio de Souza Prudente, del Tribunal Federal de la Primera Región (TRF-1), con sede en Brasilia, fue dictada el viernes pasado, pero trascendió hoy por su publicación y porque fue festejada por los habitantes de la zona de las obras.
El fallo, que acoge una petición del Ministerio Público Federal, deja automáticamente «sin efecto» la licencia de instalación de la hidroeléctrica y la autorización de retirada de la vegetación.
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La central comenzó a ser construida en marzo del 2011 en la localidad de Altamira (Pará), pese a la resistencia de los indios, agricultores, pescadores y ecologistas, que están preocupados por el impacto del proyecto en la Amazonía.
La orden del juez tendrá validez por lo menos hasta que la sala quinta del mismo tribunal analice el proceso, pero la licencia ambiental sólo volverá a tener validez con el «efectivo» e «integral» cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la licencia previa, según la sentencia.
El magistrado pidió igualmente que las comunidades indígenas sean escuchadas en el caso de Belo Monte y determinó que el incumplimiento de la decisión le acarreará a la empresa Norte Energía, responsable de las obras, una multa diaria de 500.000 reales (unos 228.000 dólares).
Souza Prudente también ordenó que el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) se «abstenga» de firmar cualquier contrato con la hidroeléctrica hasta que no se cumplan las exigencias ambientales.
La construcción ya había sido interrumpida por el mismo tribunal en marzo de 2012, aunque el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la reanudación de las obras meses después.
Belo Monte tendrá una capacidad de generación media de 4.571 megavatios hora y alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de máxima crecida del río Xingú.
El proyecto exigirá inversiones por cerca de 10.600 millones de dólares, según cálculos del Gobierno.