Luxemburgo, 25 jun (EFE).- España buscará en las negociaciones con sus socios europeos que la ayuda para la recapitalización de la banca tenga un plazo de devolución lo más largo posible y un tipo de interés bajo, según aseguró hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
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«Lo importante para nosotros es plazos de devolución y tipos de interés. Si se consigue un plazo de devolución largo y un tipo de interés bajo, la operación será mucho más favorable», explicó García-Margallo a su llegada a una reunión de los titulares de Exteriores de la Unión Europea (UE).
España iniciará hoy, con la solicitud formal del préstamo, las discusiones oficiales con Europa para definir los términos del crédito que usará para recapitalizar los bancos en problemas.
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El ministro recordó que ese paso es un mero «trámite formal» y subrayó que la prioridad para el Gobierno está en la «negociación de los términos del contrato y, en concreto, en los plazos de devolución y los tipos de interés.
«Lo que se discute ahora son los plazos de vencimiento, de devolución, y los tipos de interés a pagar, como cualquier familia que pide un préstamo en un banco», indicó.
Preguntado por las aspiraciones españolas, García-Margallo aseguró que un plazo de 30 años parece «utópico en estos momentos».
El pasado viernes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo esperar que el préstamo se mueva en parámetros similares a los de otros países y que, por tanto, tenga un plazo largo de incluso más de 15 años, un periodo de gracia de entre 5 y 10 años y un tipo de interés entre el 3 y el 4 por ciento.
Por otra parte, García-Margallo aseguró que la posibilidad de que la ayuda se haga de forma directa a la banca, sin pasar por el Estado, «sigue abierta».
«Esa cuestión se trató en Roma entre los cuatro líderes europeos y no se ha llegado todavía a una solución», señaló, en referencia a la reunión del pasado viernes entre los líderes de España, Francia, Italia y Alemania.
Esa vía no figura como opción en las normas de los fondos europeos de rescate, pero ha sido defendida por instituciones como la Comisión Europea (CE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Madrid, 25 jun (EFE).- Las comunidades autónomas han comenzado a rediseñar su presencia en el exterior, principalmente con vocación comercial, y han ido disminuyendo desde el año 2010 un 11,5 % sus delegaciones ubicadas fuera de las fronteras españolas.
Las autonomías contaban hasta el mes de marzo con un total de 166 oficinas fuera de España, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, lo que supone un recorte de 26 respecto a las 192 contabilizadas por el Gobierno hace dos años.
El titular del departamento, José Manuel García-Margallo, lanzó el guante el pasado mes de enero a las comunidades y les ofreció la posibilidad de que sus funcionarios en el exterior trabajasen en las embajadas.
Desde entonces, los ejecutivos de La Rioja, la Comunidad Valenciana y Castilla y León han suscrito acuerdos con Exteriores para poner en marcha esta idea para evitar duplicidades y disminuir gastos.
También, según recuerdan fuentes de este departamento a EFE, «en principio» han mostrado su interés por acogerse al plan Aragón, Galicia y Navarra.
¿Cuánto se ahorrará con esta media? No hay una estimación total por parte del departamento de García-Margallo, porque dependerá del número de comunidades que se acojan.
No obstante, precisan desde Exteriores, el «beneficio es doble» porque, por un lado, se consigue ahorrar en alquileres o compra de locales y, por otro, se potencian las «sinergias» con las embajadas.
El Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades las 129 embajadas y los 97 consulados para acabar con la política de «compartimentos estancos» que, a su juicio, ha imperado en los pasados años.
La primera comunidad que suscribió un acuerdo de colaboración fue La Rioja, el pasado mes de marzo, con la intención de integrar su oficina en Bruselas en la embajada española, lo que supondrá un ahorro de 60.000 euros para las arcas autonómicas.
De esta manera, se marcaba un «buen camino» para las autonomías, declaró García-Margallo tras la firma, momento que aprovechó para invitar a «reflexionar» al resto de comunidades.
Hasta 250.000 euros al año le cuesta a Castilla y León la oficina que tiene en Bruselas desde hace unos veinte años. A partir de ahora, los tres funcionarios, los cuatro becarios, el técnico y el administrativo de la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), además de un promotor comercial de EXCAL, se trasladarán a la embajada.
Su presidente, Juan Vicente Herrera, ha acudido también a la llamada de Exteriores para conseguir un ahorro «importante», pero, sobre todo, para aunar esfuerzos y reforzar la «marca España».
Este acuerdo afecta también a los 25 agentes comerciales, becarios de EXCAL, que la comunidad tiene en Düsseldorf, Sao Paulo, Shanghái, Miami, Nueva York, París, Casablanca, México DF, Lima, Varsovia, Lisboa, Londres, Bucarest y Estocolmo.
La Comunidad Valenciana ha decidido a su vez dar una vuelta de tuerca a su presencia en el exterior, mediante la integración de dos oficinas del Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) en los consulados dependientes del Ministerio y otras trece en la red del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Gracias a esta medida, la comunidad conseguirá ahorrar dos millones de euros.
Pero estas integraciones, ha explicado García-Margallo, no supondrán olvidar la defensa de los intereses autonómicos, puesto que las embajadas trabajarán a favor de las necesidades de los empresarios valencianos, como en la apuesta por el Corredor Mediterráneo.
En este proceso de reestructuración de la presencia en el extranjero, no todas las comunidades han decidido ir de la mano del Gobierno, como es el caso de Cataluña, que comunicó que mantendría su «perfil propio» en el exterior y descartó una integración de su personal.
Aunque esto no significa que no exista voluntad de «colaborar en lo que se pueda», según ha precisado el presidente catalán, Artur Mas, quien ha dejado claro que su comunidad no se «subsumirá» en el Estado para hacer su política exterior.
El propio Ejecutivo catalán, el que tiene más delegaciones en el extranjero (48 en el año 2010), aprobó a finales de 2011 un plan de reestructuración de sus oficinas para reducir costes.
Según el Gobierno catalán, estas oficinas deben usarse para promocionar Cataluña como destino turístico, exportar bienes culturales, ayudar a internacionalizar las empresas catalanas o bien para que la comunidad sea vista como una marca de calidad.
Como gesto hacia el Partido Popular de Cataluña, su principal apoyo para sacar adelante los presupuestos, la Generalitat decidió en diciembre cerrar su delegación en Buenos Aires.
Antes de que el Gobierno invitara a las comunidades a aunar esfuerzos, algunos gobiernos regionales, como los de Castilla-La Mancha y Asturias, pusieron en marcha una reducción de sus gastos en el exterior.
María Dolores de Cospedal decidió en su primer presupuesto cerrar la oficina en Bruselas, mientras que el Ejecutivo asturiano presidido entonces por Francisco Álvarez-Cascos sacó a la venta sus oficinas en la capital belga y Madrid, por un importe de 29 millones de euros.
Con todos estos procesos en marcha, la mayoría de comunidades perfilan su nueva estrategia de presencia en el exterior, en un momento en el que, según el titular de Exteriores, hay que aplicar la «imaginación» y hacer «más con menos» en el ámbito internacional.