Economía

El Gobierno español aprueba un ajuste de 27.000 millones de euros para 2012

Madrid, 30 mar (EFE).- El Gobierno español presentó hoy el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 que contempla un ahorro de 27.000 millones de euros, con un recorte del 16,9 por ciento en el gasto de los ministerios y la subida del impuestos de sociedades.

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La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo el anunció de este ajuste, considerado el mayor llevado a cabo en la democracia española, en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

«El ajuste total es de 27.300 millones de euros, y a él se llega a través del incremento de ingresos del Estado y a través del ajuste del gasto» estatal, señaló, por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

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El proyecto de las cuentas para este año mantiene la actualización de las pensiones, congela y no reduce el sueldo de los funcionarios y mantiene las prestaciones de desempleo y las becas.

España tiene la tasa de paro más alta de la Unión Europea, con 5,2 millones de desempleados, el 23 por ciento de la población activa, que en el caso de los más jóvenes ronda el 48 por ciento.

La vicepresidenta anunció que el proyecto de presupuesto no contempla la subida del IVA «para no perjudicar el consumo», y que se exigirá un esfuerzo a las empresas a través del impuesto de sociedades.

Según Montoro, el Estado recaudará 12.314 millones de euros este año con la subida de impuestos.

A los incrementos ya anunciados del impuesto sobre la renta, los impuestos sobre los rendimientos del capital y sobre bienes inmuebles, se suma el aumento del de sociedades para las grandes empresas.

La vicepresidenta afirmó que se trata de un proyecto «que busca salir del atolladero económico en que nos hemos encontrado» y facilitar que la economía española vuelva «a crecer y a crear empleo».

Sáenz de Santamaría destacó que el Gobierno se encontró con un 8,51 por ciento de déficit, «que excede bastante del 6 % prometido» por el anterior Ejecutivo.

La Unión Europea exige a España que reduzca el déficit público este año hasta dejarlo en el 5,3 por ciento del PIB, con el objetivo de alcanzar en 2013 el 3 %, como establece el Pacto de Estabilidad europeo.

«Nuestra primera obligación es volver a lograr una cuentas saneadas», afirmó la vicepresidenta, que puntualizó que se hará «no a cualquier precio», sino con medidas que ayuden a «paliar la situación de los que peor lo están pasando».

La aprobación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para este año se produce veinticuatro horas después de una huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral, que consideran perjudicial para las trabajadores porque facilita y abarata el despido y con la que el Ejecutivo pretende dinamizar el mercado laboral y atraer empresas.

Madrid, 30 mar (EFE).- El Gobierno español anunció hoy un recorte en cooperación de 1.389 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012.

El recorte de los fondos destinados a la cooperación está incluido en el proyecto de los presupuestos para este ejercicio, que prevén un ahorro de 27.300 millones de euros como parte del esfuerzo para reducir el déficit público.

El Gobierno español ha planteado un recorte medio del 16,9 por ciento en el gasto de los ministerios.

De ellos, el peor parado es el de Asuntos Exteriores y Cooperación, cuyo presupuesto se reduce en un 54,4 por ciento.

El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, precisó que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) recibirá 594 millones de euros menos que el año pasado.

A esto hay que sumar una reducción de 670 millones de euros al Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), y otro recorte de 125 millones de euros en la aportación española al Fondo del Agua.

Madrid, 30 mar (EFE).- El Gobierno español anunció hoy la aprobación de un «gravamen especial» del 10 % para regularizar las rentas no declaradas dentro y fuera del país, lo que puede suponer en la práctica una especie de «amnistía fiscal».

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció el establecimiento de este gravamen en una conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que hoy aprobó el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 con un ajuste de 27.000 millones de euros.

El denominado «Programa especial de regularización de activos ocultos» estará en vigor hasta el 30 de noviembre de este año.

Según Montoro, con el gravamen especial se busca regularizar las rentas no declaradas, tanto las que vengan de fuera del país como las que afloren en España.

Para las empresas que saquen dividendos procedentes de fuente extranjera o rentas derivadas de la transmisión de participaciones el gravamen especial será del 8 %.

El responsable de Hacienda eludió calificar expresamente la medida de amnistía y afirmó que es una decisión que le gusta «más o menos», pero que hay que llevar a cabo «en un momento en que hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar sin subir impuestos indirectos y sin perjudicar la distribución tributaria».

El ministro dejó claro que se trata de «una ventana» que va a estar abierta excepcionalmente, razón por la que ha apelado a quienes se vean afectados para que regularicen su situación lo antes posible.

«Una oportunidad como ésta no se va a volver a presentar más, sino al contrario se encontrarán con un plan muy severo de penalizaciones», puntualizó.

Montoro dijo que quienes regularicen las rentas no declaradas evitarán las posibles penalizaciones en sus declaraciones tributarias.

De esta forma, el contribuyente que se acoja a la normalización y pague el 10 % por las rentas no declaradas «quedará integrado ya en el sistema tributario».

El ministro recordó que esta medida ya se ha tomado en otras ocasiones en España y se ha aplicado también en otros países como Italia y Reino Unido «con éxito de recaudación».

Con ella se pretende que «el incumplidor tributario sea una clase a extinguir», agregó.

La medida, sin embargo, no contó con el beneplácito de los propios inspectores de Hacienda, que la calificaron directamente de «amnistía fiscal».

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) criticó que se exonere de cualquier penalización o sanción a los beneficiados por esa regularización y vio «paradójico» que a los que pagan impuestos se les suban y a los que no se les perdonen.

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