Desde que se tuvo información de las negociaciones entre las Farc y el nefasto gobierno Santos, se advirtió de manera tajante y vertical sobre los riesgos que podría llevar a realizar una negociación en donde imperaban las solicitudes onerosas de la guerrilla, en donde buscaban purificar fortunas que a la fecha no se ha logrado establecer dónde están y quién las domina, en donde se veía la dominación del Estado de derecho mediante influencia política disfrazada de un catalogo de derechos, como el cese de operaciones militares en zonas de influencia, el cese de las fumigaciones a narcocultivos y, desde luego, la participación política con espacios en órganos de elección popular sin contar con el apoyo popular. Esa era la apuesta del supuesto “ejercito del pueblo”.
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Cuando las críticas al proceso no se hicieron esperar, con recomendaciones y reparos a la desbandada de absurdos jurídico-políticos, en donde quedaba entre dicho la seguridad y defensa nacional, la estabilidad jurídica del país, la economía y la misma soberanía, salían a ripostar desde las trincheras del entonces gobierno que eran mentiras de “los enemigos de la paz”. Cuando se advirtió que habría impunidad y que ningún miembro del secretariado de las Farc pagaría con penas privativas de la libertad, contestaban con ironía y desprecio “es mentira, me acabo de enterar”. Cuando se advirtió que no se entregarían la totalidad de armas y caletas, señalaron que eran mentiras “de los enemigos de la paz”.
Se condicionó supuestamente la aprobación de los acuerdos de La Habana a un plebiscito, en el cual con una sencilla respuesta se diría si estaba de acuerdo con los acuerdos o no, en razón de darle la legitimidad a lo que se estaba negociando en medio de mojitos, habano y catamarán, que no era nada diferente a la entrega por completo a la criminalidad de la constitución de los colombianos, el imperio de la ley y el poder punitivo del Estado para perseguir a criminales y ejercer control social, que al fin de cuentas ese es el propósito o fin del derecho penal: perseguir bandidos, ejercer control social y proteger los bienes y derechos jurídicamente tutelados.
Todo se advirtió, como se advirtió que no todos los milicianos, que eran batallones inmensos, como los del Frente Oriental de las Farc, se desmovilizarían y que nacerían nuevos nombres organizacionales, como así sucedió. Todo lo advertimos con documentos soporte, que como ellos mismos lo manifestaban “en el hipotético que dejemos las armas”, dado que todo era un hipotético un engaño, una trampa, una mentira, una trapisonda a la paz en sí misma, a la juridicidad de los diálogos, a la constitución y a los postulados republicanos de Colombia por mas de 200 años, todo al traste fue a dar, hoy nadando en marihuana, coca y cientos de traquetos haciendo de las suyas por cuenta de un negocio chimbo.
Por cuenta del aumento de cultivos ilícitos, que superan las 210 mil hectáreas, estamos ad portas de ser descertificados por el gobierno de los Estados Unidos en razón de no cumplirse los objetivos en lucha contra narcóticos en el marco de los acuerdos bilaterales o multilaterales, razón que hace urgente una estrategia de combatir dichos cultivos de manera urgente. Si a una finca le sale todos los días maleza no hay otra opción que fumigar para que eso no crezca, así es el asunto con los narcocultivos que crecieron dentro de una negociación, que tiene al secretariado de las Farc prófugo, a las víctimas sin reparación, miles de millones de dólares escondidos, un grupo en armas y otro en corbatas.