Alarmados están algunos colegas columnistas, y diferentes comunicadores, como miembros de directorios políticos, en razón de las recientes expresiones del expresidente Álvaro Uribe, en el sentido de promover esa espontánea y sana iniciativa ciudadana de hacer una gran reforma judicial vía referendo derogatorio. Y no es para menos que la ciudadanía se sienta preocupada y poco identificada con algunas decisiones judiciales, que no solo son vergonzantes, sino traídas de los cabellos. Las razones de las decisiones, por ejemplo al ver la absurda determinación de dejar en libertad al cabecilla de las Farc alias Santrich y en el mismo sentido indicar que era aforado para que la Sala Penal de la Corte Suprema asumiera la competencia del caso, son situaciones que apremian a la ciudadanía.
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En principio podríamos afirmar que los presupuestos consignados en el régimen constitucional son los que priman, y que el ordenamiento constitucional y legal es el llamado a imperar, pero lamentablemente otra ha sido la realidad. De manera bárbara se ha manipulado la justicia en algunos casos, para mancillar el buen nombre de muchos colombianos honestos, con el objeto de perseguir fines o móviles espurios y vulgares, la falta de unidad de criterios en la interpretación de la Constitución y la ley en las altas cortes y la necesidad de ajustar los parámetros de legalidad en muchos precedentes judiciales, hacen que la ciudadanía cuestione de alguna manera el ordenamiento legal, dentro de las reglas del mismo Estado de derecho.
Lamentablemente, las interpretaciones jurídicas a los hechos más controvertidos de la nación, hacen generar esas dudas en la opinión pública, y generar serios reparos a las decisiones más trascendentales al interior del Poder Judicial, Legislativo y el mismo Ejecutivo. La falta de interpretación de las necesidades sociales de los poderes públicos, han llevado a la nación a la anarquía total, a la falta de identidad y confianza de los ciudadanos con gran parte de la administración pública, buscando esa interpretación en la clara necesidad de buscar un cambio positivo en muchas instituciones que con precedentes negativos en las manos, enrostran tal necesidad.
Necios seríamos si no tuviéramos claro, que la perspectiva que requiere Colombia es una de mayor rigor en la legalidad, en un orden justo y en generar cambios sociales que empiezan por las mismas instituciones que denotan autoridad, valor y principio rector de todo Estado nación, que interpreta respeto, educación, vigor, ejemplo, legalidad, disciplina, austeridad, compromiso, transparencia, entre otros; la autoridad se perdió hace mucho, y el ejemplo es la denotada andanada de criminalidad, de falta de ímpetu investigativo y judicial, y para ello una ciudadanía que no traga entero, que sabe interpretar dichas necesidades, y ello lo materializa la ciudadanía en el Estado de opinión.
Todos sabemos de marras las necesidades del Estado Colombiano como eje articulador de la sociedad, la eficiencia fiscal para interpretar las necesidades sociales empieza por el ahorro y austeridad. Para ello, qué buena sería la posibilidad de un Estado más pequeño en las cúspides de sus poderes, una sola Corte Constitucional o gran tribunal con salas especializadas, una sola Cámara que interprete las necesidades regionales y nacionales, y la posibilidad de modificar el régimen de gobierno, acabar ese presidencialismo puro, que debilita los frenos y contrapesos, por un sistema de gobierno semi-parlamentario, en donde se elimina cualquier injerencia indebida del Ejecutivo, pues existiría un canciller y un primer ministro; eso ayudaría a un Estado austero, más democrático y justo, eso es el Estado de opinión dentro del Estado de derecho, asunto que requiere Colombia con suma urgencia.