Uno de los más perversos crímenes que ha tenido que soportar la sociedad ha sido, sin lugar a dudas, todo aquel en donde están involucrados menores de edad, niños y niñas abusados, víctimas de todo tipo de maltrato y violencia. Desde el bien concebido derecho de la guerra, luego de los vejámenes del nazismo, y todo lo que sucedió en la posguerra, en donde el mayor número de víctimas eran niños, las barbaridades que hemos visto a manos de los peores criminales, la sociedad ha quedado atónita con los crímenes en donde las víctimas son menores de edad. Basta mirar cómo es ya precedente continuo las masacres a manos de psicópatas en colegios de los Estados Unidos.
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Todas las sociedades en el mundo han hecho esfuerzos jurídicos y sociales inmensos, con el firme propósito de proteger los derechos que le asisten a la infancia y a la niñez, y siendo coherente con ello los Estados han marcado derroteros mayúsculos para censurar y sancionar a los peores perpetradores de los derechos de la infancia y la niñez; pocos han sido los casos en donde bandidos y abusadores de los niños han esquivado el actuar de la justicia, vergonzoso en los casos donde la misma poco o nada hace. La justicia internacional ha generado precedentes que marcan una perspectiva no del todo negativa.
Uno de los casos que quizás debe llamar la atención es la ejemplar condena de la justicia internacional penal -CPI- , a Thomas Lubanga, quien cometió los peores horrores contra la humanidad en el Congo. Tardó muchos años, pero la justicia llegó finalmente para él en el 2012.
Menciono todo esto porque me llama la atención ver cómo un país como Colombia, en el cual hemos sido espectadores de los peores crímenes en contra de la niñez, sistemáticos y no sistemáticos, muchos se ruborizan frente a las arbitrariedades cometidas contra miles de niños y niñas, todos víctimas de los peores vejámenes a manos de las entonces Farc. Mucho se advirtió que el “gran” acuerdo traería impunidad. ¡No creyeron!
Uno pensaría que una sociedad ideal sería aquella que condena con todo rigor los atropellos y violaciones sistemáticas y no sistemáticas en contra de la niñez en Colombia, pero lamentablemente no es así, uno no logra entender cómo pretenden llamar delito político el reclutamiento forzado de menores, su abuso en todas las modalidades y en algunos casos hasta el asesinato.
Una sociedad justa, congruente y que quiera lo mejor para las futuras generaciones no sólo condenaría esas barbaridades, sino también daría todo el apoyo al presidente Iván Duque, quien con vehemencia y acierto objetó la ley estatutaria de la JEP, la cual es un monumento a la impunidad, la violencia, al narcotráfico y al abuso a la niñez.
Qué lamentable para Colombia haberlo dejado solo en esa lucha…
Como ante los carteles del narcotráfico y los violadores de los derechos humanos la gente pareciera no ruborizarse, y como habrá tiempo para enrostrarle aquellos que piensan que el delito político es conexo con el secuestro y narcotráfico, será entonces prudente mencionar el otro “cartel de la infancia”, el cual lo nutren abogadas y falsos peritos, que se valen de artimañas jurídicas y cuanta trapisonda existe para alejar a menores de sus padres o madres, inoculando falsos maltratos sicológicos, físicos y en muchos casos sexuales.
Se conoce de múltiples denuncias sobre esto, inclusive de una probable “profesional” del derecho que actúa en varias diligencias judiciales estando suspendida. ¿Estaríamos ante un posible concierto para delinquir y fraudes procesales?