Los más recientes hechos repudiables, cobardes y sin sentido de terror, en donde murieron ocho compatriotas y donde decenas resultaron heridas por un carro bomba conducido por terrorista suicida, nos deja en primer lugar la reflexión de cuán vulnerables somos todos los ciudadanos y las instituciones garantes de nuestra seguridad ante los cobardes actos de terror. Muchos creían que no se volverían a presentar tales actos en nuestro país, por cuenta de la paz mal negociada del gobierno Santos, administración que se doblegó ante el terror y que sometió a todo el establecimiento y sus instituciones al flagelo narcoterrorista, no bastaba mirar para atrás para saber cuánto se tapó en contra del derecho a favor del hampa.
PUBLICIDAD
Solamente recordar los hechos similares sucedidos en el centro Andino el 17 de junio de 2017, a vísperas del día del padre, para entonces extrañamente todos los discos duros del centro comercial, las grabaciones que mostrarían la responsabilidad de estos hechos de quien probablemente tenía cercanía con estructuras de las Farc y reductos de organizaciones terroristas, fueron recopiladas por la agencia de inteligencia de la administración de Santos. Extrañamente nunca se conocieron y el hecho pasó a la historia sin conocer el real autor material; tenemos certeza que este atentado no quedará impune y que el despliegue institucional para perseguir los responsables no tendrá descanso.
El gobierno Duque ha dado las instrucciones y ha ejecutado todo a su alcance para dar con los responsables, y tenemos la certeza de que hará todo lo necesario para garantizar a las nuevas generaciones que no se repetirán estas expresiones de violencia. Recordemos cómo se le permitió veranear en Isla Margarita al responsable de la bomba en el Club El Nogal por cuenta del gobierno anterior, recordemos cómo se inundó Colombia de coca, con mas de 240 mil hectáreas por cuenta del sometimiento del estado al terror, recordemos cómo no ha pasado nada con los máximos responsables por el reclutamiento de menores y delitos contra el Derecho Internacional Humanitario.
El crimen a jóvenes estudiantes que aspiran a ser oficiales de policía no solo es un hecho de terrorismo, también es una clara violación a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, un crimen a traición en contra de civiles desarmados, y una provocación propia del terrorismo. Este atentado me recuerda el día que la ETA quiso asesinar cerca de 500 policías sin armamento en España el 23 de junio de 1983, recordemos cómo esa organización terrorista vasca dio apoyo e instruyó decenas de terroristas, explosivistas y cuanto bandido militó en las Farc y ELN. Nada raro tendría que las coincidencias de las Farc, y/o milicias urbanas del ELN, sean las responsables de este atentado.
La posibilidad de garantizarle a los ciudadanos seguridad, y la no repetición de estos actos, es la contundencia institucional en la prevención y el despliegue de la administración de justicia para que los responsables tengan penas ejemplares, no curules en el congreso ni tribunales hechos a la medida. El paquete de medidas del gobierno Duque para contrarrestar el terrorismo es en primer orden la extradición inmediata de Santrich, y la expedición de un paquete normativo que contemple la pena capital para delitos contemplados como terrorismo y violación a los derechos humanos, como también delitos contra la infancia.
Por: Guillermo Rodríguez / @guillorodrig