Opinión

El dilema con los migrantes venezolanos en Colombia

¿Seguimos manejando la hermanos venezolanos desde el altruismo de lo políticamente correcto o atendemos a lo que se ve en las calles al considerar a estos migrantes como una amenaza a la gestión de recursos? Análisis de Julio Andrés Arévalo

El final de cada año se sazona con una serie de reflexiones sobre el éxito o el fracaso de las decisiones políticas que se han tomado en los 11 meses precedentes. Para el caso colombiano, el cambio de gobierno resulta uno de los más importantes insumos en la materia. En los últimos años, el país sacaba pecho al anotar que el índice de desocupación alcanzaba apenas un dígito; sin embargo, la migración de casi un millón de ciudadanos venezolanos (para final de agosto, según Migración Colombia), ha mostrado que la inseguridad laboral sigue rondando como fantasma en las calles del país.

Cada rondadero colombiano ha tocado el tema, en cada caso, desde diferentes perspectivas de análisis; procurando establecer las conexiones entre migración, desempleo y pobreza. ¿Quién tiene, en últimas, la razón? Se puede intentar ampliar la perspectiva, desde tres núcleos de análisis:

¿Cómo ve la política al migrante? Lo resume como un problema de política pública, es decir, como un asunto del gobierno para satisfacer las necesidades de la sociedad. La cuestión se complica porque los asuntos de migrantes venezolanos los atiende preferentemente Migración Colombia, que entre otras, tiene funciones de policía migratoria; es decir, que el énfasis estaría en la seguridad, lo que implica manejar el estigma de la delincuencia, sobre un grupo humano, sin atender las diferencias individuales.

Si la perspectiva gira hacia la humanización, habría preocupación por los temas de salud, vivienda o educación, entre otros; sin embargo, no es la línea rectora, toda vez que los adultos mayores colombianos, que regresan de Venezuela, no acceden al subsidio para la tercera edad; es más, gracias a ellos, baja de 150.000 a 75.000 pesos mensuales. Es una forma de penar la migración, y el retorno.

Si se gira hacia la integración, la preocupación es estrictamente económica, productiva, laboral salarial. Aquí el problema es que en Colombia ocupación no es lo mismo que empleo formal, más bien, el país lleva unos 15 años entendiendo que ocupación y subempleo son sinónimos.

La pregunta de fondo es ¿quién se beneficia con un millón de pobres más en Colombia? Con las consecuencias en violencia física, por ejemplo el motín en la URI de Puente Aranda o en violencia verbal, al afirmar que cada venezolano ocupado le quita posibilidades económicas a un colombiano.

¿Cómo ve la sociología la mendicidad? Hay que enfatizar que la asociación entre migrante y mendigo es una asociación estereotípica, también injusta, por supuesta, pero sustentada en la experiencia de quien la asume.

El ser humano se adapta a cualquier circunstancia que le sobrevenga; eso incluye las situaciones de miseria, el destierro y la indigencia. La cuestión es que en el sistema-mundo, los mendigos no son sólo útiles, sino necesarios. Están contemplados en la estructura. Las personas que optan por esta situación, lo hacen teniendo en cuenta que buscar trabajo no es lo mismo que encontrar trabajo, que ese trabajo puede ser una forma de sobreexplotación y, en muchos casos, informal. Incluso la opción por la delincuencia tiene en cuenta consideraciones como la laxitud judicial. Que en el caso colombiano no desestimula la comisión de delitos, sino que al contrario, sirve al quien la arazá para resolver problemas cotidianos. La institucionalidad se muestra irrelevante, incluso para atender los casos más graves, como la atención a los menores migrantes vinculados con padres o cuidadores que delinquen o que los utilizan para mendigar.

¿Cómo ve la ética la pobreza? Tres de los cuatro evangelios, atribuyen a Jesús, la sentencia: “a los pobres siempre los tendrán entre ustedes.” Si se problematiza esa afirmación, hay en primer lugar, un problema serio en la distribución de recursos. El 90% de la población mundial, batalla por el 10% de los recursos. Si uno no es del 10% de las personas que cuenta con  el 90% del dinero, entonces, es proletario. Es pobre. Si la respuesta es la redistribución, ¿se trata de que cada proletario redistribuya su participación en el 10%, o habría que buscar que quienes acaparan el 90% cedan algo? ¿Quién pone el cascabel a esos gatos? En últimas: ¿doy o no doy? ¿Si doy estimulo, si no doy impulso a la delincuencia?

¿Seguimos manejando la hermanos venezolanos desde el altruismo de lo políticamente correcto o atendemos a lo que se ve en las calles al considerar a estos migrantes como una amenaza a la gestión de recursos?

Por: Julio Andrés Arévalo, docente

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