Dentro de la lista de cosas que ameritarían mayor preocupación en la Colombia presente resultaría justo incluir como ‘desdichas prioritarias’ nuestros escasos índices de comprensión lectora y de lectura. La verdad, aunque bochornosa, resulta inobjetable. Mayoritariamente los colombianos leemos poco o nada, escribimos aún peor y, para completar la terna fatal, entendemos aún menos.
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La sintomatología derivada de semejante carencia se hace patente: si adquirimos un electrodoméstico, lo usual será ponerlo en marcha sin dar siquiera un vistazo superficial a las instrucciones que lo acompañan. Ante una noticia falsa nos rendimos, crédulos e incapaces de corroborar su veracidad. Al contemplar de lejos un texto periodístico, solemos explayarnos en prejuicios, sin entrar a considerar qué es en realidad aquello allí expresado. Si se trata de acatar órdenes consignadas en un documento, tendemos a desobedecerlas, más por desinterés en el contenido de las mismas que por alguna suerte de convicción anarquista.
Todo ello nos conduce a una conclusión que, aunque natural, no parece serlo para todos: un país lector es un país pensante y con perspectivas de futuro. En contraste, una nación sumida en las honduras desinformadas e ingenuas del analfabetismo, ya sea total, funcional, voluntario o forzado, tiene su condena de desaparición adherida al ADN. En virtud de lo anterior, una tierra como esta que habitamos debería ser epicentro de innumerables iniciativas oficiales orientadas en curar semejante tara nacional, tal como en efecto lo intentan con el debido nivel de compromiso algunas administraciones locales. Urgente concentrar buena parte de las fuerzas del aparato estatal en dar a la palabra escrita esa posición de relevancia y guía que merece dentro de los pénsums escolares y universitarios. Conferir a las industrias editoriales, a quienes escriben y a los que fomentan el hábito de leer un lugar concordante con la envergadura de la responsabilidad que se han puesto a cuestas, antes que aventurar ‘bloqueos económicos’ en su honor.
Pero no. Muy por el contrario, resulta inconcebible que en una clara contravención a los imperativos anteriores, al espejismo aquel de la tontamente llamada ‘economía naranja’ y con el consecuente perjuicio, autores e industrias fundamentadas en el conocimiento teman hoy por su porvenir, dadas las iniciativas gubernamentales tendientes, más bien, a transformar al libro –útiles de colegio incluidos– en una indumentaria todavía más inaccesible. Quienes hemos emprendido oficios relacionados con las letras conocemos las dificultades que presupone consagrar la vida propia a tales actividades, como para tornar aún más pantanoso el panorama mediante tributaciones absurdas. Son cuantiosos los casos de creadores y promotores de la cultura sometidos a las veleidades de la inestabilidad laboral, de la informalidad profesional, de la ausencia de plazas y del siniestro efecto CDC –cuenta de cobro– como para acabar de empeorarles la situación.
Por todo esto, justo reprochar con la debida severidad aquel proyecto de gravar mediante mayores impuestos la manufactura, expendio y comercio editorial. Desconsolador saber que mientras un puñado de quijotes aún pugna por conservar el libro con vida, hay desde la dirigencia otro puñado de insensatos empeñados en sentenciarlo de muerte, bajo pretextos fiscales.
Algunos enemigos del conocimiento incineran libros. Otros, los proscriben. Otros más prefieren dejarlos sin oxígeno mediante tarifas tributarias impagables. Sea cual fuere el caso que hoy nos aflige, lamentable suponer siquiera que, por razones sospechosas, aún hay quienes se obstinan en situarnos justo de espaldas al saber. Hasta el otro martes.