Esta semana quedó al descubierto el que será, sin duda alguna, el más grande escandalo de espionaje ilegal y tráfico de información privilegiada e interceptación ilegal de comunicaciones a periodistas, columnistas, apoderados judiciales, miembros de organismos de seguridad y hasta el propio Fiscal General de la Nación y su circulo mas intimo; todo este entramado criminal a manos de oficinas de ex oficiales de la fuerza publica, calanchines que les gustaba merodear el Congreso de la República, personajes de la mas baja estofa que se autodenominan “lobistas”, no se si por lobos con piel de oveja, o por lo mismo lobo de su aspecto y, desde luego, lo que no podía faltar y no faltó, un congresista en medio de todo.
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Hablamos de un mercado de información al que llegaban desde novios celosos a comprar 15 días de interceptación ilegal al celular de su pareja por la módica cifra de 3 millones de pesos, hasta la trazabilidad de todos los mensajes de “WhatsApp” y redes sociales de los últimos seis meses por $8 millones. El viejo y popular adagio afirma que “quien tiene la información tiene el poder”, pero no es del todo propio del adagio, sino en una democracia imperfecta y con vicios como la nuestra: quien tenga ciertos detalles dentro de hilos de poder, de primera mano y violentando el derecho fundamental de todo ciudadano que es la intimidad, lo pone en una posición ventajosa, sea cual sea el contexto y la esfera en la que se desenvuelva el “chuzador”.
Por situaciones parecidas en organismos que tenían en su momento funciones de policía judicial, para interceptar dentro de la legalidad y dentro de un proceso o averiguaciones judiciales, se han hecho escándalos de dimensiones gigantescas; hoy la alarma y la situación es mas gravosa, y quizás me da la impresión de que se pretende dejar pasar como un hecho mas de corrupción, asunto que no es así en razón de que lo que se denuncia son oficinas de espionaje que se camuflan dentro de la seguridad industrial y venden a diestra y siniestra información de la intimidad de cualquier ciudadano. Si el impoluto promotor de la Consulta Anticorrupción resultó probablemente “chuzando” al Fiscal General y a su familia, ¿que más podemos esperar?
Es lamentable que en medio del siglo de la reivindicación de las libertades públicas, la igualdad de genero, el respeto irrestricto a los derechos políticos y civiles, se pretenda pasar de lado y de ”agache” semejantes hechos denigrantes que afectan la seguridad pública e intimidad de todos los ciudadanos. La justicia en este caso debe llegar sin rasero alguno hasta el último eslabón de toda la cadena delictiva, y tomar las medidas correctivas que permitan garantizar a todos los ciudadanos que nuestra intimidad está protegida; cuando la comunidad sepa todo lo que pasó por las oficinas de espionaje y se conozcan todas las víctimas, no solo nos dejará el asunto con la boca abierta, sino será el momento propicio para el debate al derecho a la intimidad y sus límites en Colombia, y las consecuencias a quien viole esos límites que lamentablemente hoy no son tan severos.
Me llama mucho la atención que la mamá de la moral pública y su señora guarden silencio de semejante escándalo, me llama mucho también la atención que el candidato de la “moral” pública Gustavo Petro, el senador Robledo, Cepeda, Mockus, Roy y el Colectivo de los derechos humanos no se ruboricen y esponjen ante semejantes hechos abominables. Esperamos expectantes cómo va saliendo el centenar de victimas y hechos delictivos que desde la “central” se concertaron, lo que hay que esperar es el millar de clientes que pagaban por chuzar.
Corolario: solidaridad con el Fiscal General y su familia, al igual que con todas las víctimas.
La Presidencia está trabajando en una reforma a la justicia, respetuosamente se les indica que no permitan que se toque la acción de tutela, este mecanismo es el mas audaz y eficaz en la defensa de los derechos humanos.