Un mejor marco legal para la educación

Por Horacio José Serpa

Colombia debe reformar su Ley General de Educación. Es una necesidad para poner el sistema educativo nacional en consonancia con las necesidades de desarrollo del país. Uno de esos primeros cambios que son indispensables, se refiere al mejoramiento de la calidad, que implica trabajar en procesos que fomenten la comprensión y el debate, para lo que es indispensable renovar los currículos y ponerlos en un nivel similar a los estándares internacionales.

Lograr una educación de calidad en todos los niveles, pero especialmente en la formación básica, requiere que la integralidad del sistema funcione en pro de unas metas de mediano y largo plazo, en las que los docentes sean los promotores de los cambios que se requieren y que el gobierno facilite los instrumentos que se necesitan.

Se podría echar mano, por ejemplo, de la constitución de una escuela de altos estudios docentes y de la puesta en operación de un observatorio independiente sobre la calidad educativa, operado por expertos nacionales y asesores internacionales, que tendrán como misión hacer contribuciones para asegurar que la educación tenga indicadores en constante avance.

La reforma también tiene que ver con darle un papel mucho más protagónico a los modernos instrumentos de comunicación virtual, que están generando una verdadera revolución en los procesos de información, de los cuales se está aprovechando la educación de manera permanente, con resultados muy positivos en los países más avanzados. Bachilleratos y pregrados virtuales o semivirtuales le permitirían a Colombia mejorar la calidad de la educación, al vincular a expertos como profesores, además de disminuir los niveles de deserción y ampliar la cobertura en aquellos sitios donde es difícil el acceso personal a los establecimientos.

Otro aspecto importante de la reforma es garantizar que la educación técnica y tecnológica tengan un mejor diseño institucional, y que quienes ofrecen los programas posean calificaciones de alta calidad certificadas por el Estado.

Así mismo, es necesario que la institucionalidad que orienta desde el gobierno todo el sistema educativo, sea mucho más eficaz, y que se apoye para su gestión administrativa en los nuevos conceptos de gobernanza, los que están basados principalmente en información y en el reconocimiento de los talentos humanos.

Es evidente que una moderna ley general de educación debe comprometerse con los programas de gratuidad educativa, incluyendo los niveles superiores. Esta sería la mayor y mejor inversión que puede hacer el país, en el propósito de crecer lo suficiente para combatir con eficacia problemas tan críticos como la pobreza y la marginalidad.

Finalmente, iniciativas tan interesantes como el programa “Ser pilo paga”, deben tener una cobertura superior, la cual se podrá lograr en la medida en que sea la universidad pública la receptora de todos las contribuciones, ayudas y subsidios. El compromiso de reciprocidad debe sustentarse en la excelencia académica, basada en mejor investigación, más desarrollos científicos y mayores aportes en innovación.

La educación requiere tener un marco legal mucho más amplio, moderno y funcional.

Por Horacio José Serpa, Político colombiano

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