Clases de ética del Ministro de Justicia

Miguel Angel Garcés reflexiona sobre el cartel de la toga, la corrupción en la justicia colombiana y el papel del Ministro de Justicia Enrique Gil Botero en este escándalo.

Por Publimetro Colombia

El pasado domingo 15 de octubre el diario El Tiempo publicó una columna de Enrique Gil Botero, actual Ministro de Justicia en la cual ese funcionario indicaba que una de las claves para solucionar el problema de la corrupción en la rama judicial es incorporar de manera obligatoria a los programas de derecho en Colombia la enseñanza de la ética.

Botero Gil fue un respetado abogado y académico que fue Consejero de Estado en el periodo comprendido entre diciembre de 2008 y diciembre de 2014. A tan solo dos meses de salir de tan alta dignidad por el cumplimiento de su periodo, fueron requeridos de manera urgente sus servicios profesionales por la Fiscalía General de la Nación, entidad con la cual suscribió un contrato de prestación de servicios por diez meses por valor de $751.100.000. Enhorabuena para el ente acusador había finalizado el periodo de Gil como Consejero de Estado y pudo hacerse a sus servicios por esos módicos honorarios, eso sí, iva incluido. Como al parecer el mencionado contrato dejaba tiempo de sobra al exconsejero, fue ternado y elegido como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2015 por un periodo de cuatro años. Nuestra Cancillería, preocupada por postular un candidato de las mismas calidades éticas de nuestro anterior Comisionado, el doctor Rodrigo Escobar Gil, no encontró mejor candidato que el doctor Gil Botero quien para mediados de 2015 era contratista de la fiscalía e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debido a su nombramiento como Ministro de Justicia en marzo de este año, renunció a dicha Comisión.

En marzo de 2012 la muy respetada Corte Suprema de Justicia eligió como Fiscal General de la Nación al doctor Eduardo Montealegre. Una de las primeras discusiones que surgieron con ocasión del nombramiento del nuevo fiscal era si el periodo para el cual había sido elegido finalizaba cuando terminaran los 4 años del periodo de su antecesora Vivian Morales o si éste iniciaba con su posesión en el cargo y por tanto finalizaba en el año 2016. Aunque la Sala de Consulta del Consejo de Estado había entregado conceptos refiriéndose a los periodos institucionales por lo cual Montealegre finalizaría en 2014 su gestión, debido a varias demandas ciudadanas, la Sala Plena de Consejo de Estado en decisión de abril de 2013 con ponencia de la doctora Susana Buitrago Valencia consideró que el periodo del fiscal era personal y con ello el tiempo de Montealegre se confirmó hasta 2016, lapso en el cual alcanzó a impulsar la controvertida reforma  a la entidad mediante la cual creó infinidad de cargos inútiles pero de grandes remuneraciones, además de hacer perder al Estado miles de millones de pesos en faraónicos proyectos como la Universidad de la Fiscalía, de la cual hoy no quedan ni los planos.

La consejera Buitrago Valencia fue ampliamente apoyada por sus pares de la Sala Plena en una votación de 20 a 3, entre ellos el Consejero Enrique Gil Botero. La magistrada ponente finalizo su periodo constitucional en mayo de 2015 y contó con la buena fortuna que a menos de dos meses de su retiro la Fiscalía General de la Nación requirió sus servicios profesionales, para lo cual suscribió el contrato de prestación de servicios 0240 del 26 de junio de 2015 por valor de $174.000.000, incluido iva, por un lapso de seis meses. De esta manera, los impulsores de la tesis del periodo personal de Montealegre fueron incorporados como contratistas a la fiscalía para iluminar la entidad con sus conocimientos jurídicos luego de finalizar su periodo como magistrados. Y pensar que por menos Pretelt de la Vega y Palacios fueron condenados a estar unos años en sus residencias particulares.

El abogado Montealegre realizó una rueda de prensa la semana pasada para leer un comunicado en el cual anunciaba una denuncia penal contra su exfuncionario Gustavo Moreno por los delitos de falso testimonio y fraude procesal. El exfiscal se refería a una diligencia ocurrida 48 horas antes en un proceso en el cual él no es parte y que no es público en el cual su exsubordinado realizaba algunos comentarios sobre su transparente gestión. Su derecho a la honra está por encima de la reserva sumarial y lo defenderá ante el tribunal divino si fuere necesario.

Soy bastante escéptico a lo que pueda derivarse de la supuesta crisis de la justicia. Estas denuncias y contradenuncias se han originado por las declaraciones de reconocidos delincuentes que buscan obtener beneficios sin importar a quien se lleven por delante. El modelo Lyons, según el cual, se roban 10 se devuelve 1 y se pagan unos meses de cárcel no tendrá como consecuencia el cambio de las costumbres judiciales. Tan cierto es lo anterior, que son las mismas cortes las que pretenden estudiar una reforma para cambiar las costumbres judiciales, es decir, sus costumbres. Sera una babosada como la última reforma judicial, cuyos únicos cambios importantes fueron sepultados por la Corte Constitucional.

Ante la cloaca en que dejamos convertir la justicia en Colombia es poco lo que se puede hacer. Las prácticas de muchos de los hoy cuestionados y aquellos que faltan eran y son conocidas. Nadie los denunciaba porque en el gremio existe el temor de tener que encontrarse un Ricaurte en el camino. Y ante esa posibilidad lo mejor es comer callado. Y por esa actitud, la justicia quedo en manos de Alí  Baba y los 40 ladrones.

Queda por lo menos la posibilidad de llamar las cosas por su nombre y comenzar a escribir, recordando a Borges, nuestra historia judicial de la infamia. Los personajes aquí mencionados tendrían un capítulo especial. Lo que debe terminar es la posibilidad que personajes con estas prácticas continúen envenenando a las nuevas generaciones con su ejemplo mientras son recibidos con aplausos y sonrisas en las aulas universitarias.  El primer caso práctico de la clase de ética de  Gil podía ser una reflexión sobre la conveniencia que los suscriptores de un fallo se conviertan en contratistas del beneficiario a menos de 60 días de finalizar sus periodos. Nuestro problema no se arregla dictando clases de ética. Las cosas cambiaran cuando los cínicos sean señalados y sus prácticas expuestas al público. Mientras ello no ocurra, seguiremos viendo a los bellacos haciendo demandas en defensa de su honra.

Por: Miguel Angel Garcés Villamil

Publicada originalmente en Ingenuidad Democrática

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