Han pasado 23 días luego de la celebración del plebiscito por la paz, el cual dio como resultado la victoria del ‘no’, victoria que fue posible gracias a la importante coalición ciudadana que quiere la paz con las Farc, pero con condiciones ciertas e indiscutibles; a la fecha, los pronunciamientos del Gobierno Nacional han sido solo de “escuchar” las inquietudes de los representantes del ‘no’, pero han brillado por su ausencia expresiones que alienten el respeto por los valores democráticos y la institucionalidad, ello materializando la firme postura de quienes expresaron en las urnas, el 2 de octubre, su desaprobación a los acuerdos pactados entre el Gobierno y las Farc.
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Por una parte, las Farc anuncian por diferentes medios la imposibilidad de permitir quitar una sola coma al documento, y por otra, voceros del ‘no’ indican la posibilidad de que se le haga una trampa mayúscula a la democracia, indicando que los ajustes de los acuerdos traerían consigo la incorporación de aspectos poco fundamentales para quienes llevan la vocería del ‘no’, o lo que muchos han destacado como ajustes “cosméticos”, situación que traería traumatismos no solo para el proceso con las Farc de entrada, sino que sería la apertura para crear un país aún más polarizado tratándose de este tema, también sería una ruptura entre la ciudadanía con la confianza en las instituciones democráticas.
La posibilidad de redireccionar los acuerdos con las Farc y marcar derroteros que sean benéficos para la sociedad no son un capricho de los voceros del ‘no’, quienes de una manera ética validan e interpretan la manifestación soberana de millones de colombianos que no ven con buenos ojos la posibilidad de tener como congresistas a responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los derroteros para encontrar un acuerdo común de paz en pro de toda Colombia son conocidos y podrían resumirse en evitar el desplome de la economía, pues los acuerdos desmotivan la inversión y traen imposiciones tributarias prediales o catastrales que solo motivan la especulación inmobiliaria.
Eso para no mencionar la antieconómica congelación del comercio de inmuebles, tratándose de los perímetros de las zonas de reserva campesina, asunto que de entrada espanta cualquier manifestación de inversión; esa redirección de los acuerdos a favor de un gran acuerdo nacional en pro de la paz no es capricho, la Corte Constitucional fue clara en la sentencia que abrió camino al plebiscito: “En caso de que la votación sea desfavorable… se dará la imposibilidad de implementar el acuerdo final sometido a escrutinio popular… se deberá poner a consideración del pueblo una nueva decisión, con condiciones diferentes, fruto de la renegociación del acuerdo anterior, o la suscripción de uno nuevo”.
Esa posibilidad que la Corte Constitucional plantea es un imperativo; tratándose ahora de que se quita el velo a las negociaciones con el Eln, vale destacar que si el Gobierno quiere unificar mesas deberá ser él mismo y su delegación los que deben imponer su agenda en pro de los intereses de la comunidad y aprender de los yerros cometidos con las Farc. Ahora bien si se trata de refrendar, la misma Corte dejó la posibilidad de hacerlo en un nuevo acuerdo, incluso conjunto con grupos diferentes a las Farc. Solo pedimos que las modificaciones a ese acuerdo con las Farc no tengan el tamaño de un labial.
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.