¡Acuerdo común!

Por Guillermo Rodríguez

Al parecer poco o nada se ha avanzado, luego de la victoria de la expresión ciudadana del ‘no’, en cuanto a la reestructuración de los acuerdos con las Farc, los cuales, pese a que tienen fuertes derroteros en pro de la paz, en nada se compadecen con estándares de justicia, tratándose de incorporación de los mismos a los criterios del Derecho Internacional Humanitario, como tampoco a la realidad económica del país, la cual, de manera evidente, día a día se está desacelerando; los compromisos con las Farc demandan no solo el cumplimiento de los mismos, sino la perspectiva del Estado a hacerlos posibles desde la óptica jurídica y económica.

La victoria del ‘no’ es la respuesta de más de seis millones y medio de colombianos que no están del todo de acuerdo con los acuerdos, pero nunca de acuerdo con que no haya paz en el país; la delegación que designó varios de los comités promotores del ‘no’ ya han expresado al Gobierno sus reparos a los acuerdos, así lo han dado a conocer a varios medios de comunicación; por otro lado, el Gobierno Nacional ha manifestado que escuchará las inquietudes de los voceros del ‘no’. Por su parte, las Farc han mencionado que los acuerdos son inmodificables; el mensaje de la ciudadanía ha sido contundente, no hay unanimidad frente a lo pactado en La Habana.  

Por tal razón, lo justo y lo correcto sería no solo escuchar a los voceros de los sectores del ‘no’, sino acoger las tesis planteadas para lograr un mejor acuerdo, no solo en el cual se desestimen de entrada las penas lúdicas para los máximos responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, sino también dejar de lado de una vez por todas la posibilidad de que estos cabecillas tengan elegibilidad política, la comunidad se pronunció el 2 de octubre y manifestó su total desacuerdo en dar total posibilidad a las Farc de tener elegibilidad política y cero cárcel para los cabecillas y máximos responsables de las peores barbaridades que ha padecido Colombia.  

A decir verdad, no solo se trata de paz, elegibilidad política para las Farc, o lo que se ha denominado impunidad, que en otros términos es garantizarle a la comunidad que no se repetirán los delitos cometidos por las Farc, delitos diferentes a los que se denominan como delitos políticos, por tal razón debe existir una justicia transicional que imponga sanciones privativas de la libertad entre los cinco y los ocho años de prisión, no conmutable con trabajos comunitarios, así podría hablarse de que no habrá impunidad; pero más allá de ello hay que decir que la situación económica y fiscal del país hace improcedente y sencillamente imposible cumplir todo lo que se ha pactado en el acuerdo final.

Aún se desconocen las cifras del gasto público adicional como consecuencia de los acuerdos con las Farc, pero está claro que con la situación fiscal será sencillamente imposible su cumplimiento, el déficit fiscal, la retirada y pocos incentivos de la inversión privada, sumado a ello con la creación de nuevos impuestos, no motivarán la creación de nuevas empresas que generen ingresos, se especula que se requerirán cerca de dos puntos del PIB para poderles cumplir a las Farc, a ello sumado la creación de nuevos entes estatales que demandarán recursos para poder cumplir, asunto que no motiva la inversión extranjera y creación de nuevas empresas. Así las cosas, sin ingreso e inversión es imposible conseguir los recursos que requiere el cumplimiento de los acuerdos con las Farc.

*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.

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