Ayer, al frente de 2500 asistentes entre funcionarios públicos, invitados internacionales, prensa nacional y extranjera, mandatarios de diferentes Estados, se firmó el acto “protocolario” que denomina el cambio de la “guerra” por la paz; es decir, a partir de ayer se partió la historia de Colombia, dejó de existir la extorsión en todas sus modalidades, fenómeno delictivo que va en aumento desbordado, más aun en grandes ciudades como Bogotá, y con ello todas las formas de violencia que día a día vemos en nuestra sociedad, llegó entonces la paz, esa en la que sus promotores entusiastas dejaron de lado las razones y argumentos para ser más “agresivos” en pro de elegibilidad y cero castigo para las Farc.
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Se firmó lo que se firmó, para muchas voces la que sería la claudicación del Estado al mayor cartel de drogas y multirrico del mundo, que tuvo como una de sus máximas en todo el proceso el cómo sacarles el quite a los tribunales internacionales, especialmente a la Corte Penal Internacional, para ello fue necesario ajustar el sistema jurídico transicional al linaje propio de la absolución, y palmadas en la espalda, esa será la tarea del denominado Tribunal de Paz, el cual muy seguramente, con celeridad, empezará a conformarse desde esta misma semana, ese tribunal que tendrá la tarea de “condenar” los delitos no amnistiables de las Farc.
Para la conformación de sus magistrados estará, entre otras aparte de la ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia, la cual, para cuando esté en funcionamiento el Tribunal de Paz, ya no será tan suprema. El tribunal tendrá cerca de 70 magistrados entre nacionales y extranjeros, los cuales probablemente deberán tener experticia en Derecho Internacional Humanitario (DIH), este tribunal, en teoría, solo se dedicará a “juzgar” los delitos que no son amnistiables ni indultables, tales como el confinamiento, homicidio a traición en personas protegidas, aquellos tipificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, estos consignados, entre otros, en el Estatuto de Roma.
Es decir, la amnistía e indulto, con su respectiva ley que tanto reclaman las Farc y que aún no existe, dejará con perdón perpetuo a grandes asesinos de esa organización, en razón que es esa misma ley la que dejará los criterios, “raseros” de inclusión en la justicia especial de paz, bien sea para otorgar amnistía e indulto en delitos como rebelión y sus conexos, como narcotráfico, secuestro y todos los delitos en los que supuestamente el Estado ha sido sujeto pasivo de las Farc; así las cosas, el tribunal solo dedicará esfuerzos a concentrar grandes y representativos casos de violación al DIH, crímenes de guerra y lesa humanidad.
Ojalá ese tribunal dedique sus esfuerzos a los diez pavorosos casos de violación al DIH, como la masacre a los diputados del Valle; el asesinato a traición de 11 soldados en medio de una tregua en Buenos Aires (Cauca); la masacre de La Chinita; la toma de Mitú; el asesinato de monseñor Duarte; la bomba del Club El Nogal; la masacre de Bojayá, ojala el tribunal ponga penas privativas de la libertad y no trabajo comunitario como hoy lo plantean las Farc, ojalá haya justicia así en medio de su defensa digan locuras como alias el Paisa: “Solo fui un soldado que cumplió ordenes porque las Farc son una democracia centralizada”.
*Las opiniones expresadas por el columnista no representan necesariamente las de PUBLIMETRO Colombia S.A.S.