Aplazan votación de moción de censura contra MinDefensa, Guillermo Botero, tras más de seis horas de debate sobre el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales, y una directriz del Ejército que pone en riesgo la vida de civiles.
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El presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Chacón, afirmó después de escuchar numerosas intervenciones a favor y en contra del ministro que la votación se llevará a cabo entre los próximos tres y diez días.
La moción de censura fue promovida por la oposición y durante su desarrollo varios parlamentarios consideraron que Botero no es una persona idónea para estar al frente de las Fuerzas Armadas, al tiempo que cuestionaron su credibilidad.
La representante Katherine Miranda, de Alianza Verde, y una de las promotoras del debate, afirmó que las políticas y directrices del ministro «están volviendo a esa época de los ‘falsos positivos’, a la época del desprestigio, a la época de la violación de derechos humanos».
Los «falsos positivos» fueron ejecuciones de civiles cometidas por miembros de la fuerza pública especialmente en la década pasada para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores, entre otros beneficios.
Ese fantasma revivió en el país tras la publicación el pasado 18 de mayo de un artículo del diario estadounidense The New York Times en el que el periodista Nicholas Casey denunció una directriz del Ejército en la que exigía a la tropa aumentar los resultados en las operaciones militares.
La Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014, de los cuales 2.200 fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
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Ante estos señalamientos, Botero afirmó que el Ejército es una institución que «respeta los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Constitución».
El funcionario agregó que «cualquier servidor público, cualquier integrante de la fuerza pública que actúa fuera de esta norma actúa de manera individual, porque esa no es nuestra política».
Durante el debate también se abordó el asesinato de exguerrilleros de las FARC, pues según el partido al menos 114 de estos y 31 de sus familiares fueron asesinados desde la firma del acuerdo de paz con el Gobierno, el 24 de noviembre de 2016.
