Un curioso caso fue fallado por la Corte Constitucional: una actriz para adultos demandó a una empresa por divulgar algunos de sus videos sin permiso. La mujer consiguió que fuera retirado un video de una audición que realizó para grabar videos pornográficos.
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Según el caso, la mujer identificada como Ana hizo un contrato verbal con un productor llamado Carlos para realizar un casting. En las pruebas se realizaron dos sesiones: una de estas fue una toma de fotos en ropa interior. En la segunda se grabó un video pornográfico.
Después de realizar la audición, Ana y Carlos firmaron un contrato en inglés y acordaron que no se realizaría ningún pago. Según la demandante, el empresario le aseguró que el video no sería divulgado. Pero pocos meses después, el video apareció en varias páginas para adultos. Algunos eran de empresas relacionadas con el estudio pornográfico. Otros eran de sitios que los habrían copiado.
“Nunca he dado autorización para que circule este video donde aparezco, y claramente se puede anticipar que el señor Carlos comercializó mi video sin mi consentimiento”, señaló la víctima. El acusado se defendió asegurando que el contrato y el acuerdo verbal con la actriz para adultos fueron suficientes.
Por su parte, la Corte decidió que el video para adultos no fue publicado con el suficiente consentimiento informado. Las grabaciones de material pornográfico deben tener con más veras esta situación, para prevenir casos de abuso o explotación.
Según la Corte, a la actriz para adultos «no se le especificaron los usos y fines del video y el alcance de la comercialización de éste, así como tampoco se le garantizó un término prudencial para informase adecuadamente sobre las consecuencias y el impacto que tendría su decisión, ni se le proveyó información suficiente sobre las imágenes que serían grabadas, situación que generó la vulneración de sus derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen”.
Así, las empresas y Carlos deberán retirar los videos de sus plataformas.
