La Fiscalía general acusó a 13 exdirectivos de la empresa bananera estadounidense Chiquita Brands de financiar a grupos paramilitares en el norte del país.
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Los acusados son los estadounidenses Dorn Robert Wenninger, John Paul Olivo y Charles Dennis Keiser, así como al costarricense José Luis Valverde Ramírez y al hondureño Fuad Alberto Giacoman Hasbún.
A todos ellos se les acusa en «calidad de posibles autores responsables» del delito de «concierto para delinquir agravado», detalló la Fiscalía en un comunicado.
De igual forma, los colombianos Reinaldo Elías Escobar, Luis Germán Cuartas, Víctor Julio Buitrago, Álvaro Acevedo González, Víctor Manuel Henríquez, Javier Ochoa Velásquez, Juan Diego Trujillo y Jorge Alberto Cadavid también fueron acusados.
Según el ente acusador, las pruebas recogidas demuestran que la empresa, que operó en el país hasta 2004, financió al frente Arlex Hurtado de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a través de su filial Banadex y Banacol.
A cambio de esos pagos realizados a ese frente, liderado por Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias «Pedro Bonito», el grupo daba seguridad y protección a ejecutivos y trabajadores en zonas como el Urabá y la ciudad de Santa Marta.
«Las pruebas aportadas demostrarían la participación de directivos y algunos empleados de estas sociedades, ya sea por la toma de decisión, intervención y/o participación en la promoción y financiación del grupo ilegal», agregó la información.
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La Fiscalía explicó que la investigación se da como parte de la decisión de la Corte Constitucional colombiana de investigar los delitos cometidos por terceros durante el conflicto armado, principalmente «los financiadores».
Esos pagos, presuntamente se produjeron entre 1997 y 2004, antes de la desmovilización de esos grupos y habrían alcanzado una suma superior a los 1,7 millones de dólares.
Entre los exjefes paramilitares que reconocieron haber recibido esos desembolsos figura el exlíder máximo de las AUC, Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo.
Chiquita Brands recibió una multa de 25 millones de dólares mediante un acuerdo judicial en Estados Unidos por ese caso en 2008 y otro por una demanda de familiares de trabajadores de esas empresas asesinados.
