La paz se consumó hace un año cuando los guerrilleros de las Farc entregaron sus armas a las Naciones Unidas y doce meses después el país siente los avances pero también tropieza en piedras como en la reincorporación de los desmovilizados.
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El 27 de junio de 2017 los jefes de las Farc y centenares de guerrilleros, reunidos en una zona rural de Mesetas, en el departamento del Meta (centro) dejaron sus armas en un acto que se repitió en otro lugares del país.
Ese día fueron 7.132 armas individuales las entregadas en cumplimiento del acuerdo firmado entre las Farc y el Gobierno en noviembre de 2016.
En total fueron 8.994 las armas de fuego inutilizadas por los observadores de la ONU, ya que otras 1.238 fueron incautadas en diferentes caletas.
«La paz de Colombia no tiene marcha atrás», dijo hoy el presidente Juan Manuel Santos al recordar el primer aniversario de la dejación de armas de las Farc.
El beneficio de ese desarme se sintió especialmente en los últimos meses en los que Colombia celebró las elecciones legislativas y presidenciales más pacíficas en décadas por la ausencia de acciones guerrilleras de las Farc que históricamente habían marcado los comicios.
Según un comunicado difundido por el Gobierno, el cumplimiento del acuerdo va por el 70 % de lo que se tenía previsto lograr entre el 2017 y 2018.
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«Si el avance se evalúa por dejación de armas, es un éxito total. Si se evalúa por reducción de indicadores también porque descendieron el secuestro, el desplazamiento, la desaparición forzada, los afectados por minas antipersonales», afirmó a Efe el analista y subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila.
En efecto, según un estudio de la entidad difundido a principios de junio, la tasa de homicidios en el país se redujo de 34 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 24 en 2017.
Los desplazamientos afectaron a 272.000 personas hace seis años mientras que en 2017 fueron contabilizados 75.000 y se registró el año pasado la cifra más baja de secuestros en las últimas tres décadas con 180 casos.
Además, 103 normas prioritarias del acuerdo fueron expedidas y la Corte Constitucional dio blindaje jurídico al pacto por tres períodos presidenciales (12 años).
Sin embargo, Ávila contrapuso que «si el balance» del progreso de la paz se mide en «acciones institucionales, la cosa varía», porque estas acciones «han arrancado pero su impacto todavía es muy bajo».
«La política de reincorporación (de los antiguos guerrilleros) tiene muchos problemas», agregó el analista, quien piensa que «es de los principales tropiezos» en la implementación del acuerdo «y de las principales necesidades a resolver».
Sólo dos de los proyectos productivos que deben ponerse en marcha para dar salidas laborales a los exguerrilleros están en funcionamiento, aunque hay más de 40 en vías de desarrollo.
Además, el Gobierno asegura que 40 combatientes en proceso de reincorporación han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz, una cifra que el partido político FARC, heredero de la guerrilla, eleva a 60.
«El contexto total de la reincorporación está en duda y eso es lo que ha engrosado las filas de las disidencias», aseguró Ávila.
Según un estudio de la entidad de investigación InSight Crime, alrededor de 1.200 personas forman parte de los grupos de exguerrilleros que no quisieron acogerse al acuerdo de paz y que hoy en día actúan como bandas criminales.
En una carta abierta con motivo del aniversario de la dejación de armas, el líder de la FARC Rodrigo Londoño, conocido como «Timochenko» en su época de guerrillero, tachó de «paquidérmica» la «disposición del Gobierno de cumplir literalmente lo pactado» y criticó la lentitud en la implementación del acuerdo.
A pesar de eso, hay algunos hitos que sí se han consolidado, como la participación política de la antigua guerrilla convertida en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
El próximo 20 de julio se espera que tomen posesión de sus curules diez representantes del partido, cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes, como quedó pactado en el acuerdo, ya que en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo lograron sólo alrededor de 50.000 votos.
También se han puesto en marcha reformas derivadas de ese pacto, como el programa de Vías Terciarias para mejorar el acceso por carretera a zonas rurales, la implementación de sistemas locales de justicia en más de 100 municipios apartados y la restitución de 300.000 hectáreas de tierra a campesinos.
Como parte del proceso de reincorporación, los exguerrilleros reciben una renta del 90 % del salario mínimo, y hasta la fecha se han realizado 11 pagos a 11.869 antiguos combatientes, incluidos los que estaban presos.
El día de la dejación de armas Santos expresó: «Por vivir este día, por lograr este día, ha valido la pena ser presidente de Colombia».
Un año más tarde, con la implementación a medio gas, falta ver si el país logrará que la paz vaya más allá de la renuncia a las armas por parte de la guerrilla.
