La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia formuló pliego de cargos a 23 empresas y 21 personas naturales que presuntamente conformaron un «cartel» para ganar contratos por más de 73.000 millones de pesos ante entidades del Estado.
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Las pruebas fueron recaudadas por el grupo de expertos de la SIC y entre ellas hay documentos físicos, correos electrónicos, chats de whatsapp y testimonios, detalló hoy la Superintendencia en un comunicado.
«La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos en contra de 23 empresas por presuntamente establecer un ‘cartel’ en al menos 101 procesos de contratación ante diversas entidades del Estado en el periodo del 2014 al 2018», explicó la entidad.
Si la Superindustria prueba que existieron esos delitos impondrá multas que pueden llegar hasta los 78.000 millones de pesos a las empresas y 1.500 millones de pesos a las personas naturales.
La colusión o cartelización empresarial investigada consiste en un mecanismo sistemático y estructurado con el propósito de suprimir o eliminar la competencia dentro de los procesos de contratación estatal en los que tuvo lugar, dijo la SIC.
Entre las entidades del Estado afectadas por esta práctica están la Fiscalía, la Policía, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
También el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Rama Judicial, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura y la Gobernación de Antioquia.
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Según la SIC, los involucrados habrían identificado quiénes serían los proponentes u oferentes en los procesos de contratación que invocaban las organizaciones públicas y hacían colusión.
Así, el oferente que quisiera ganar la licitación pagaba a sus competidores para que no participaran. Los que aceptaban los sobornos se abstenían de mejorar sus propuestas en la subasta inversa y se retiraban.
Para mayor credibilidad, los candidatos hacían ofertas cercanas al presupuesto que estaba previsto por la entidad contratante del servicio.
El objetivo de esta estrategia era prevenir reducciones en el precio que se generara en la etapa de subastas. Debido a esto, el Estado terminó pagando montos superiores a los normales por la prestación de los productos y servicios.
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