Cruz Rojas encabezaba el movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán, que forma parte del departamento del Meta, según recoge un comunicado de la DHOC distribuido por la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
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Según explicaron en su comunicado, Cruz Rojas fue asesinada frente a su esposo e hijo en una finca propiedad del matrimonio el pasado viernes «por personas armadas que llegaron encapuchadas a la casa de la finca donde habita la familia».
La zona en que está localizado Mapiripán fue durante años escenario del conflicto armado y fortín de las Autodefensas , que perpetraron en ese municipio una masacre en la que fallecieron decenas de personas.
La organización Somos Defensores publicó un informe el pasado 1 de marzo en el que aseguraron que la violencia contra activistas de los derechos humanos y líderes sociales se cobró 106 vidas en 2017.
En ese mismo informe aseguran que el asesinato de líderes sociales es «la piedra en el zapato» de la política de paz del Gobierno colombiano.
El estudio detalla que el año pasado «en promedio cada tres días fue asesinado un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia», antes de criticar la respuesta del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a este problema.
Sin embargo, Santos dijo el pasado 14 de marzo que 160 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016.
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El pasado martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Colombia «tomar medidas urgentes» para proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido al alto número de asesinatos registrados en los últimos meses.
