La Fiscalía de Colombia informó que ocupó con fines de extinción 12 inmuebles y una sociedad comercial valuados en 18.500 millones de pesos (unos 6,4 millones de dólares), que figuran a nombre de familiares del exgobernador del departamento de Córdoba (norte) Alejandro Lyons, investigado por corrupción.
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Los predios están en Montería y Sahagún (Córdoba), así como en Coveñas (Sucre), añadió la Fiscalía en un comunicado en el que destaca que las propiedades estaban a nombre de comercializadoras y terceras personas, entre ellas Bernardo Miguel Elías Nader, padre del condenado excongresista Bernardo «el Ñoño» Elías.
La Fiscalía recordó que en una diligencia realizada en diciembre pasado a una vivienda del padre del exgobernador en Montería recopiló escrituras y documentación que puso en evidencia propiedades que pertenecerían al entorno del exfuncionario y estarían en manos de terceras personas.
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«La Fiscalía contrastó la información, recopiló testimonios y verificó en notarías y oficinas de instrumentos públicos, hasta establecer que los inmuebles sobre los que había sospecha, pertenecerían a Alejandro Lyons de la Espriella, por lo que en el día de hoy fueron impuestas medidas cautelares con fines de extinción de dominio», detalló la información.
Estas incautaciones con fines de extinción de dominio se suman a otras dos impuestas el 7 de noviembre y el 17 de diciembre de 2017, en las que fueron afectadas 10 propiedades en Sahagún y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba, que estaban tituladas a nombre de terceros, pero también harían parte del patrimonio oculto del entorno del exgobernador.
La Fiscalía investiga hechos de corrupción en Córdoba durante el mandato de Lyons (2012-2015), quien huyó a Estados Unidos, donde decidió colaborar con la Justicia de ese país y la de Colombia.
Además, el exfuncionario es investigado por otros casos de corrupción y uno de homicidio, y al mismo tiempo es testigo de la Fiscalía en los casos del «cartel de la toga», un escándalo que involucra a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por supuestamente haber pedido dinero durante el ejercicio de su cargo a legisladores para favorecerlos en decisiones judiciales.