Casi 300.000 personas están vinculadas al sector público en todos sus niveles a través de los contratos por prestación de servicios. Aunque esta figura ha sido criticada, los contratistas siguen expandiéndose por los sectores oficiales, generando graves problemas en el país por la falta de estabilidad y las dificultades para el pago de prestaciones sociales.
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En efecto, todo contratista debe pagar el 16% de pensión y el 12,5% de salud sobre el 40% de su sueldo. Así, por ejemplo, un contrato de 2,5 millones de pesos de honorarios mensual implica que el contratista deba pagar $160.000 de pensión y $125.000 de salud, un gasto de 285.000 pesos mensuales que en la gran mayoría de oficinas debe hacerse antes del pago de los honorarios.
«La idea es que las personas no tengan que pedir prestado dinero o empeñar sus pertenencias para poder pagar esos recursos antes de que les reciban sus cuentas de cobro las entidades, sino que las entidades les paguen las prestaciones tal como lo hacen con los empleados de planta. Si ya sucede con ellos, puede suceder con los contratistas», asegura Angélica Lozano, representante a la Cámara por la Alianza Verde.
Lozano lideró una acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda, Salud y Trabajo, que desde 2015 debían haber realizado justamente esta labor luego de que la ley 1753 autorizara a cotizar mes vencido las prestaciones sociales. Un fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca abrió esta posibilidad.
Según la congresista, la negativa del Ministerio de Hacienda se debe a una simple cuestión de recursos. «Nos han dicho que al Gobierno le conviene más tener estos recursos trabajando hasta el final del mes que pagarlos al principio, y no creo que esa sea una razón válida para que 300.000 familias tengan que sufrir con sus pagos de salud y pensión», afirma en diálogo con PUBLIMETRO.
El fallo emitido el pasado 23 de enero obliga al Gobierno a cumplir con estas condiciones en los 20 días siguientes a su notificación, pero Lozano considera que esta posibilidad tendría una demora. «No esperamos que acepten de una vez, sino que esto se reglamente para marzo o abril».
La siguiente etapa de esta decisión, para la aspirante al Senado, sería reducir el número de contratistas en el sector público, liderando un proceso que haga que las entidades públicas determinen la necesidad de recurrir asus servicios. «Esto también busca evitar que se utilicen los contratos de prestación de servicios como fuentes clientelistas», afirma.
los contratistas el Estado les ha dado la espalda, no hace nada para defender sus derechos. Los contratistas cumplen horarios inhumanos, no tienen derecho a vacaciones, cesantías o primas, y además este alivio que los Congresistas aprobamos en el 2015 no se ha podido materializar por la negligencia del Gobierno
