Una demanda fallada por un juzgado de Popayán impidió que el Gobierno debiera pagarle cerca de $20 billones en indemnizaciones a más de 75.000 personas que habían demandado al Estado por estafas de captadoras como DMG, DRFE, InverBonilla y otras ‘pirámides’ en el país.
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El juzgado unió miles de demandas que se presentaron ante el Departamento Nacional de la Presidencia, en las que se buscaba que se indemnizara a los demandantes que no habían podido recuperar las inversiones en sus captadoras. En su lugar, los damnificados decidieron demandar al Gobierno.
Según la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, los demandantes buscaban que respondieran entre otros el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera y las gobernaciones del Valle y del Cauca. Hasta la Fiscalía fue demandada por la falta de vigilancia y control que permitió a las pirámides actuar y robar estas cifras millonarias.
El Gobierno consiguió que el juzgado de Popayán unificara todas las demandas y determinara que estas demandas fueran desestimadas, dado a que os argumentos son insuficientes para exigir una indemnización.
Según la entidad, la gran mayoría de los demandantes en contra del Estado son inversionistas que entregaron su dinero a las pirámides, pero que por esto mismo, son ellos quienes más procesos pierden.
