El pasado 19 de octubre se llevaron acabo las capturas de 10 funcionarios de la Fundación Peces Vivios, en la capital tolimense y, ante la juez de garantías, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio
Según la investigación la operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y que funciona en la modalidad de internado para discapacitados mentales, estaría presuntamente incurriendo en tratamientos inadecuados con los menores, a quienes supuestamente les ocasionaban dolor físico y los sujetaban de sus extremidades a las camas o las sillas.
Asimismo, se determinó que los menores eras sometidos a tratos crueles y denigrantes, protocolos que no son acordes a los lineamientos expedidos para la fundación.
En la audiencia, la fiscal evidenció que dichas contenciones no contaban con la aprobación del médico psiquiatra tratante de los menores, sino que al parecer serían las psicólogas quienes ordenaban el suministro de medicamentos, violando las buenas prácticas médicas y regulados por el Ministerio de Salud.
Por estos hechos la juez envió a la cárcel a Dignore Olaya, Ángel Duvan Serna, Jenny Carolina Camelo, Edisson Jaber Calderon, Paula Andrea Patiño, Claudia Lorena Pedraza, Claudia Maritza Flórez, Johana Dignore Rodríguez y Yeniffer Stefany Salcedo.
Los imputados serán recluidos en el Coiba de Picaleña , en Ibagué, Tolima.
