En una misiva difundida en Twitter, el Consejo Político Nacional del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común manifestó su preocupación «frente a la cadena de hechos que se vienen presentando en los últimos días» que afectan a exguerrilleros y a algunas zonas donde permanecen mientras vuelven a la vida en sociedad.
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En el documento llamaron la atención sobre los hechos ocurridos en las últimas semanas en el municipio de Tumaco, donde seis campesinos murieron en una protesta contra la erradicación de cultivos de coca y se investiga si los responsables son policías.
La exguerrilla señaló que los labriegos «protestaban por el incumplimiento de los compromisos del Gobierno contenidos en el punto 4 de los Acuerdos de La Habana» y lamentó que a esa situación se añade «el asesinato de reconocidos líderes comunitarios en la misma zona».
También se refirió a la captura de Tito Aldemar Ruano Yandunen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Ariel Aldana, situado en área rural de Tumaco.
La Policía señaló a Ruano Yandun, conocido con el alias de «Don Ti», como un presunto narcotraficante y uno de los 253 «colados» en las listas entregadas por la FARC para recibir los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz.
Pero «más allá de las diferencias» que puedan tener sobre la condición de ese ciudadano, la FARC llamó «la atención sobre la necesidad de respetar los mecanismos acordados para la solución de diferencias» y «evitar que se pierda la confianza construida».
Además, denunció un hecho ocurrido en las últimas horas en el caserío Colinas del municipio del municipio de San José del Guaviare, donde funciona el espacio de capacitación y reconciliación Jaime Pardo Leal.
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Según relatan, «unidades de la Fuerza Pública dispararon contra dos excombatientes de la FARC», sin «consecuencias físicas que lamentar», luego de que en la zona explotara una motocicleta bomba, cuya autoría se desconoce.
Los excombatientes, explica la FARC, «fueron objeto de los disparos de las armas oficiales cuando caminaban de regreso a sus viviendas».
«El acuerdo firmado, sus protocolos y desarrollos posteriores, contienen los mecanismos necesarios para garantizar que cualquier diferencia o incidente pueda resolverse dentro del espíritu del consenso y el entendimiento entre las partes», explica el documento.
Sin embargo, indica que «la paz y la reconciliación de los colombianos tiene aún enemigos poderosos, que no escatiman esfuerzo en torpedear la implementación de los acuerdos, ni pierden oportunidad para sembrar cizaña y tratar de sabotearlos».
Por ello propone convocar «todos los mecanismos, nacionales e internacionales» incluidos en los acuerdos para que analicen «las actuales dificultades» y encuentren «la forma más adecuada para fortalecer la construcción de la paz» y de cerrarle el camino «a quienes buscan beneficiarse del clima de incertidumbre».
