El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, trazó la agenda del último tramo de Gobierno que, además de la paz, tendrá como grandes retos el combate a la corrupción, la economía y la crisis del vecino Venezuela.
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En una conferencia de prensa, Santos, que entregará el poder el 7 de agosto de 2018, mencionó también el narcotráfico, el desempleo y la pobreza entre los desafíos de los próximos doce meses, y defendió que Colombia es hoy «un país más próspero que hace siete años».
«Este año vamos a consolidar el potencial que se liberó gracias al fin del conflicto con las FARC», prometió el jefe de Estado, que exhibe como el mayor logro de su Gobierno el acuerdo de paz que suscribió en noviembre pasado con esa guerrilla y que lo hizo merecedor del Nobel de Paz.
Tras señalar que «falta mucho por hacer», Santos confirmó que la generación de empleos «es y seguirá siendo una prioridad», al igual que la cobertura de salud, el combate a la pobreza y la educación para «alcanzar la meta» de «ser el país más educado de América Latina de aquí a ocho años».
Cifras del Gobierno destacan que entre 2010 y 2017 la tasa de inversión pasó de representar el 24,5 % al 27,5 % del PIB, mientras que la inversión extranjera directa (IED) subió de 6.430 millones a 13.600 millones de dólares, al tiempo que el empleo bajó de 11,8 % a 8,7 %.
Mención aparte tuvo el tema de la corrupción, que en los últimos meses ha salpicado al Gobierno de Santos por cuenta del escándalo sobre la presunta financiación de campañas en 2014 por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Según la Fiscalía colombiana, las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en el país sumaron 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares (unos 21.550 millones de pesos de la época), como indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre del año pasado.
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«Soy el primer interesado en que se llegue al fondo en la investigación de financiación de la campaña 2014», dijo el gobernante, al ser consultado sobre el proyecto de resolución de una magistrada del Consejo Nacional Electoral para abrir una investigación por la presunta financiación.
La Fiscalía confirmó a mediados de julio pasado que Odebrecht sí aportó dineros a las campañas electorales de Santos, que en 2014 fue elegido para un segundo mandato, y de su rival Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe.
En el ámbito internacional, en el que el Gobierno exhibe como su principal consecución el haber logrado que 65 países y 14 territorios exoneraran de visado a los colombianos, Santos incluyó a Estados Unidos y su vecino, Venezuela, entre sus prioridades.
Sobre EE.UU., que ayer alertó en palabras del secretario adjunto de Estado para Seguridad y Lucha Antinarcóticos, William Brownfield, sobre la posibilidad de «problemas políticos y bilaterales» si no se ataja «pronto» el aumento de la producción de coca en el país, el gobernante apeló al principio de «corresponsabilidad».
«Nadie desconoce que se aumentó el número de hectáreas cultivadas con coca», afirmó Santos, en alusión al informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que advierte que estos sembrados crecieron un 52 % en 2016, después de que el área pasara de 96.000 a 146.000 hectáreas.
El presidente aclaró que han venido trabajando con Washington en el diseño de una política centrada en la erradicación concertada y forzosa, que dé una «solución estructural», de «largo plazo» y «definitiva» a esa problemática.
«Se están firmando convenios con las comunidades y con las familias específicamente. Llevamos 86.000 familias para poder sustituir 50.000 hectáreas (sembradas de cultivos ilícitos)», afirmó el mandatario, quien recordó que EE.UU. «tiene una gran corresponsabilidad», ya que «si allá no consumen, acá no producen».
También dedicó un espacio a Venezuela, país con el que Colombia comparte una frontera 2.219 kilómetros y que está inmerso desde hace cuatro meses en una ola de protestas que deja más de un centenar de muerto y que ha agudizado su crisis política, económica y social.
«En los últimos tiempos lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela», sentenció Santos, al ratificar su preocupación por la Asamblea Nacional elegida el pasado domingo en ese país, cuyo origen consideró «espurio» e «ilegal».
«Esta Asamblea Constituyente es en cierta forma la culminación de esa destrucción de la democracia en Venezuela», advirtió Santos, que confirmó que hacen un «seguimiento día tras día, minuto a minuto» de la situación en ese país.
