«Reficar seguirá colaborando activamente con la Fiscalía y demás entes de control en desarrollo de las investigaciones relacionadas con el proyecto, con el fin de que se esclarezcan los hechos motivo de investigación», señaló la refinería en un comunicado.
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La ampliación y modernización de la refinería comenzó en 2009 y estaba presupuestada en 3.993 millones de dólares, pero finalmente costó 4.023 millones de dólares más de lo previsto.
Reficar, de propiedad de la petrolera estatal Ecopetrol, fue puesta en marcha en octubre de 2015 por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
En el documento, Reficar indicó que avanza en el arbitraje comercial internacional contra CB&I, «con el fin de recuperar los mayores costos ocasionados por la deficiente planeación y ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción a cargo de esta firma contratista».
Defendió además que esta refinería «hoy es un gran complejo industrial y de refinación vital para la industria y la economía nacional, la seguridad energética del país y la producción de combustibles limpios».
Poco antes, Ecopetrol indicó en un comunicado que junto a Reficar «obran como víctimas en el proceso penal» que se desarrolla «por hechos relacionados con el proyecto de ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena».
«El Juez 16 Penal Municipal con Función de Garantías de Bogotá, ante quien se desarrolla la audiencia de imputación de cargos, reconoció a las dos empresas y a la Contraloría General de la República como víctimas», añadió la información.
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La petrolera estatal señaló que «se presentó al proceso en tal calidad desde diciembre de 2016, cuando cursaba la indagación ante la Fiscalía General».
El pasado 23 de junio, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra nueve directivos de Reficar, e indicó que indaga «las circunstancias que llevaron al aumento en el presupuesto de la obra, que pasó de 3.777 millones de dólares a 8.016 millones de dólares entre 2011 y 2015».
La investigación disciplinaria alcanza a Gloria Inés Cortés, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, Natalia Gutiérrez, Hernando Zerda y Carlos Erazo, que eran miembros de la Junta Directiva de Reficar.
También a Nicolás Isaksson y José Alfonso Marrugo Roa, líder del Grupo Legal y vicepresidente administrativo de Reficar, respectivamente.
A finales de abril, la Fiscalía anunció por su parte que imputará cargos a ocho directivos y exdirectivos de Reficar.
En ese entonces, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, comparó en una rueda de prensa el tamaño de este caso de corrupción con el de la constructora brasileña en el país.
«Esto equivaldría a 18 Odebrecht, o a 12.000 viviendas gratis», afirmó entonces el funcionario.
