Un comunicado de la Presidencia explica que la decisión adoptada protege, entre otras, la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el esquema de subsidios que beneficia a una buena parte de la población.
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«Entre otros, el citado proyecto adolece de vicios de su formación, dado que la votación del informe de conciliación, carecía de unanimidad, se eludió el debate parlamentario y no fue saneado», añade la información.
El Gobierno considera que el proyecto viola los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como de los de solidaridad y progresividad de la seguridad social.
Cálculos del Gobierno indican que la iniciativa compromete la financiación del Sistema de Salud pues genera un impacto fiscal promedio anual de 3,7 billones de pesos (unos 1.227 millones de dólares) entre 2017 y el 2022.
