En una entrevista con Efe en Roma, donde participa en la reunión bienal de la Conferencia de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Pardo aseguró que la comunidad internacional ha dado un «apoyo unánime» a ese proceso desde los organismos multilaterales hasta los países vecinos y en general.
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«El proceso de paz ha contado con unos garantes y unos acompañantes que han sido muy importantes para generar una confianza no solamente a las partes, sino también a la comunidad internacional», sostuvo el Alto Consejero.
Noruega fue junto con Cuba garante en los diálogos de paz de La Habana, mientras que Chile y Venezuela fueron acompañantes.
Ya con el acuerdo firmado el pasado noviembre entre el Gobierno y las Farc la ONU se encargó de verificar el cese el fuego y la dejación de las armas, y se espera que envíe una nueva misión para comprobar la reintegración de los excombatientes en la sociedad.
La entrega de las armas de las Farc a las Naciones Unidas, como quedó constatada hace apenas unos días, ha hecho precisamente «creíble» el proceso para muchos colombianos, según Pardo, en un momento de fuerte polarización política.
A nivel interno, explicó, hay una controversia política basada en que «quienes no están de acuerdo con el Gobierno no están de acuerdo con sus políticas y una de ellas es la política de paz».
Para Pardo, que ha sido varias veces ministro, los opositores han insistido en que las Farc no iban a firmar el acuerdo, concentrarse en los campamentos fijados, entregar las armas o cumplir el cese al fuego, generando «temores que después se demuestran que no ocurren, pero es parte de la discusión política».
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A partir de este agosto comienza una nueva etapa, no exenta de dudas, pues consiste en la transición a la vida civil de guerrilleros que han vivido inmersos en un conflicto de más de medio siglo de duración.
Aparte de su entrada en política, «la apuesta fundamental que tienen las Farc con el Gobierno es que tenga éxito la reincorporación de ellos en la parte productiva, social y económica», enfatiza el responsable.
Para ayudarles al inicio, recordó que cada integrante de la guerrilla recibirá el 90 % del salario mínimo y seguridad social durante dos años, así como una asignación de dos millones de pesos.
También podrán acceder a una ayuda de ocho millones de pesospara emprender un proyecto productivo individual, aunque las FARC parecen pensar más en fórmulas colectivas como cooperativas.
Para los que decidan reanudar su vida con la agricultura,será importante dar con cultivos rentables, lejos de opciones ilícitas en un país como Colombia, el primer productor mundial de coca con unas 188.000 hectáreas, según cálculos estadounidenses.
«El problema es tremendo», aseguró Pardo, para quien no es una situación nueva que haya cambiado con la fumigación aérea, el Plan Colombia o la destrucción de los carteles de la coca.
El Gobierno se ha propuesto acabar con 100.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca, la mitad mediante su sustitución voluntaria y la otra mitad a través de su erradicación forzosa.
Las familias campesinas que pacten el cambio de cultivo se beneficiarán de una ayuda económica y asistencia técnica para determinar las mejores alternativas de cosecha en su zona, como parte de una reforma rural más amplia que pretende transformar el territorio afectado por la violencia y el narcotráfico.
Mientras existan extensiones de coca como las que tiene Colombia, el Alto Consejero para el Posconflicto aseguró que la paz no está garantizada ante el riesgo de que caigan en manos de los grupos armados que siguen operando en algunas zonas.
