«A medida que los miembros de las Farc abandonan áreas tradicionalmente bajo su control, el Estado no ha asumido plenamente sus funciones, dejando un vacío de poder», señaló la Oficia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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En esas circunstancias se hace evidente el riesgo de que aumenten las violaciones a los derechos humanos.
La ONU, cuya rama de derechos humanos tienen una importante presencia en Colombia, ha documentado este año 61 asesinatos, principalmente de activistas y líderes sociales en áreas rurales.
Lo más preocupante es que la tercera parte de esos asesinatos ocurrieron tras la firma del primer acuerdo de paz, el pasado 26 de septiembre.
En el marco de la implementación del segundo y definitivo acuerdo de paz, la ONU también pidió hoy al Gobierno colombiano que acelere la preparación de las zonas en las que deben concentrarse los guerrilleros de las FARC para entregar las armas y desmovilizarse.
Dos semanas después de la adopción del acuerdo ninguna de estas áreas se encuentra lista para recibirlos.
«La experiencia internacional demuestra que los primero días de la desmovilización son los más críticos para asegurarse que los combatientes no abandonen el proceso de paz y para prevenir un aumento de la violencia», explicó la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos en Ginebra.
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El organismo señaló que ninguna de las zonas en cuestión está equipada para recibir a los guerrilleros y que, entre otros problemas, el agua potable, los alimentos, los servicios de salud y la electricidad están limitados.
Los miembros de las FARC que se ha reunido en los puntos conocidos como de «pre-agrupamiento», que constituye la etapa previa al desarme y la desmovilización en si, están afrontando una situación similar en estos días.
En esos lugares también es notoria la falta de preparación y de instalaciones, agregó la ONU.
