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¿Qué Procuraduría recibirá Fernando Carrillo? ¿En qué condición dejó usted la entidad después de casi 8 años a cargo?
La Procuraduría tuvo un perfil muy claro en estos 8 años: el liderazgo de la lucha contra la corrupción. En este período sancionó a cerca de 7000 funcionarios públicos: más de 1500 alcaldes, más de 1500 concejales, gobernadores, ministros… gran parte de estas sanciones fueron por temas de corrupción. Creo que el nuevo procurador tendrá un reto muy grande, que es el reto del país: la corrupción se ha convertido en el gran flagelo que deslegitima nuestra institucionalidad.
Los próximos meses vienen con posibles focos de corrupción que se han identificado alrededor del acuerdo de La Habana que se está renegociando. Más allá de la oposición que usted y otros líderes políticos hicieron al acuerdo, ¿cuáles son sus principales temores en la implementación?
Primero, que el acuerdo Santos – Timochenko diera impunidad. No puede, a los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, conferirle las gabelas de no tener penas privativas de la libertad. Segundo, la justicia transicional: constituir unos tribunales sin control, integrados por jueces internacionales, totalmente sustraídos de la institucionalidad colombiana. Tercero, conferirles a los responsables de crímenes atroces la posibilidad de gobernar al país. Cuarto, reconocer la institucionalidad a las Farc en las zonas donde tienen dominio y control territorial. Igualmente, la necesidad de desmantelar el aparato armado, el blindaje a la familia y a la niñez de lo que se ha conocido como «ideología de género». Las preocupaciones son las razones que tuvieron los colombianos para rechazar el acuerdo de La Habana.
Ha habido un gran número de reuniones entre los líderes del ‘no’ y el Gobierno. ¿Cómo se han desarrollado esas reuniones?
El Gobierno ha sido dubitativo en todas las reuniones. Aquí hay unas líneas rojas de la sociedad civil, las cuales tiene que reconocer el Gobierno para que a partir de allí, se renegocie con las Farc. Hoy en día, la palabra la tienen las Farc. La sociedad civil ya habló, se manifestó el 2 de octubre en temas como la justicia, la participación política, la familia, el equilibrio de poderes. Necesitamos es oír al Gobierno y a las Farc. Las demoras no están en nosotros: están en el Gobierno y las Farc, que deben reconocer que el acuerdo fue rechazado por los colombianos.
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¿Usted tuvo acceso a los resultados de las reuniones que tuvieron los negociadores de las Farc con los pastores cristianos sobre el tema de «ideología de género»?
Tengo la información conocida por los medios de comunicación, y hay que esperar cómo eso que se acordó logra plasmarse en el texto del acuerdo, en el enfoque de familia que debe ser transversal al acuerdo. Hay algo que debe ser relevante: cómo, cuando en los acuerdos se habla de «enfoque de género», debe entenderse que se está hablando de familia y se restringe a la no discriminación de la mujer, para evitar los contenidos ideológicos que causaron la prevención de millones de colombianos. Debe restringirse en el documento en el género a los aspectos relativos a la discriminación de la mujer, y no expandirse a los aspectos que desataron las prevenciones de los padres de familia y los creyentes.
¿Usted estaría de acuerdo con restringir la definición de «familia» a lo que dice el artículo 42 de la Constitución [que la define como la unión de un hombre y una mujer]?
Claro que sí. Yo considero que, de lograrse, sería un avance importante en esa materia.
Usted es un reconocido católico practicante, lefebrista, y se encuentra trabajando muy de cerca con los líderes cristianos…
En estos temas hemos coincidido numerosos sectores católicos, de otras confesiones y de otras creencias, en la defensa de la familia, de la niñez y de nuestras tradiciones.
Fernando Carrillo dijo después de ser elegido que iba a dirigir una Procuraduría libre de sectarismos, y esto fue interpretado como un ataque a su gestión y a las polémicas en temas como el aborto y el matrimonio igualitario. ¿Considera que esta apreciación es justificada?
Independientemente de las afirmaciones que hace el nuevo procurador, a mí me queda claro que desde la Procuraduría, ninguna de las intervenciones en cumplimiento de los roles constitucionales que a la institución le correspondió, se hizo por fuera del ordenamiento jurídico. No hubo sesgo alguno, como algunos sectores creen.
Aparte de esas afirmaciones que con frencuencia se oyen de algunos sectores de la sociedad, no se puede citar documento, intervención pública, posición que no esté fundada en la Constitución y la Ley. Todo lo contrario: quienes pretenden que eso fue así, aspiran a convertir la institución en instrumento de intereses que le son ajenos al ordenamiento jurídico. No hay documento o intervención pública, repito, que se pueda interpretar como sectaria.
Defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural está en la Constitución. Defender el matrimonio y la concepción de familia está en las normas constitucionales. Es indudable que no existen razones fundadas para hacer interpretaciones en sentido contrario.
Hablemos de la polémica por su esquema de seguridad. ¿Usted considera que está en riesgo?
En el Estado colombiano existen autoridades a las que le corresponde determinar el nivel de riesgo de los colombianos. No es a mí: existen estas autoridades, quienes son la Policía y la Unidad de Protección, que determinan estos riesgos, y a partir de estos riesgos diseñan los esquemas. Es a ellos a los que se debe preguntar. A mí no, no tengo esas funciones.
Es indudable que hay una gran dosis de ignorancia y de mala fe en este tema. De ignorancia porque se desconoce las normas legales que otorgan competencias, en el caso concreto, a la Procuraduría, de dar protección a los funcionarios y exfuncionarios de acuerdo al riesgo. Y de mala fe, porque ha sido la misma Procuraduría, cuando yo la dirigí, encargada de limitar esas protecciones en el tiempo, algo que antes no conocía.
Pero a mí me importa, como dije en el fin de semana, un bledo esos esquemas. El responsable de esos esquemas es el Gobierno, pero lo curioso es que quienes fueron entusiastas con los acuerdos de La Habana, donde se plasmaba la protección a quienes asesinaron diputados y a numerosos ciudadanos, hoy se escandalicen por esquemas de seguridad que están prestados con fundamento en la Constitución y en la ley.
¿Usted estaría abierto a una revisión de esos esquemas?
A mí no me importa. Yo no estoy ni abierto ni cerrado: si el Estado quiere dejarme sin protección, que lo haga. A mí no me interesa tener los esquemas: yo no los pedí, yo no los exigí. Fue la Policía, fue el Ejército, quienes los dieron de acuerdo a los niveles de riesgo. Si el Estado quiere dejarme sin esquema de seguridad, que lo haga.
¿Cuál es su relación en este momento con Álvaro Uribe y el Centro Democrático?
En este momento las relaciones son, digamos, las mismas que puedo tener con otros dirigentes políticos y otros partidos. Yo no soy del Centro Democrático, yo soy miembro del Partido Conservador. Desde luego, en la reciente campaña del ‘no’, coincidimos numerosos sectores políticos, sociales, del más diverso origen y de la más diversa naturaleza. Fue una coincidencia de un tema de interés ciudadano, donde hay muchas personas del más diverso origen.
Usted acaba de mencionar que sigue siendo miembro del Partido Conservador. ¿Se considera más cercano al ala de Andrés Pastrana y Martha Lucía Ramírez?
No, yo me considero cercano a las ideas conservadoras. Como bien lo dijo Álvaro Gómez, aquí hay más conservatismo que partido, y más que proximidades a las instituciones, mis proximidades son con las ideas.
¿Cómo se ve en dos años?
Yo no sé, cada día trae su afán. Hay que esperar.
