Una carta difundida por los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) extraditados en Estados Unidos sorprendió a la opinión pública luego de que en ella anunciaran su apoyo al «sí» en el plebiscito del próximo 2 de octubre y la firma del acuerdo de paz con las Farc.
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La carta fue firmada por un amplio grupo de jefes paramilitares entre los que se cuenta Diego Fernando Murillo, alias «Don Berna»; Carlos Mario Jiménez, alias «Macaco», e Iván Roberto Duque, alias «Ernesto Báez», que fueron extraditados por el Gobierno Nacional por solicitud de Estados Unidos. Otros jefes como Ramón Isaza que han sido liberados por el proceso de Justicia y Paz también firmaron la comunicación.
El segundo objetivo de los jefes de las AUC firmantes de la carta fue pedir su incorporación a la jurisdicción especial de paz (JEP), una propuesta que se había manejado desde 2014 pero a la que constantemente se rechazaron las Farc.
En la comunicación, los paramilitares aseguran que los colombianos deben estar «por encima de los sectarismos, contribuir con el esclarecimiento de la verdad y hacer parte de una justicia transicional que nos cobije a todos los que hemos participado de esta guerra. El bien supremo de la paz y la reconciliación exigen que no haya actores de primera y segunda clase«.
Así mismo, los jefes de las AUC afirman que no sienten ningún rencor hacia las Farc, luego de que durante las décadas de 1990 y 2000 se combatieran cruentamente en todo el país. «No abrigamos rencor ni ánimo de retaliación hacia las guerrillas colombianas», dicen.
Incluso se dieron el lapo de dar un fuerte mensaje a los promotores del «no» en el plebiscito: «La negativa del expresidente Álvaro Uribe a este proceso de paz y a sus acuerdos no corresponde con sus ofertas a la guerrilla en el pasado. Tampoco con nuestra propia desmovilización y sus ofertas iniciales. Embarcar a todo un país en sus eternos odios solo se entiende a la luz de sus intereses políticos», aclaran.
«El país debe volcarse todo, independiente de su carácter de derecha o izquierda, a decir sí en el plebiscito y sí en el proceso de reconciliación. Presidente Santos: (…) Porfíe e insista en incorporar a todos los actores del conflicto armado en el tribunal especial para la paz y haga de Colombia una tierra de promisión y paz para todos», dice la misiva.
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«Paramilitares no son actores políticos»
Este apoyo incluye un intento de los grupos paramilitares de colarse en el acuerdo de paz de La Habana y recibir las penas alternativas planteadas en la JEP, algo que según el abogado y magister en estudios políticos de la Universidad Javeriana Camilo Páramo no está permitido por la justicia colombiana.
«Los paramilitares no son actores políticos en tanto su accionar no se enmarca dentro de los delitos considerados políticos en el Código Penal. Sus crímenes no tienen conexidad con los delitos políticos como ocurre con las Farc: buscaban mantener el status quo», asegura Páramo.
Según el Código Penal, los delitos políticos están relacionados con la intención de derrocar el orden constitucional, algo que según Páramo es imposible de probar para el paramilitarismo que surgió como un mecanismo de resistencia a las guerrillas, no para derrocar al Estado.
A pesar de esto, la incorporación del paramilitarismo a estos procesos podría darse desde un punto de vista jurídico en medio de la implementación, pero según Páramo, «jurídicamente es muy difícil vender que se va a perdonar personas que no tuvieron ninguna motivación política, pero nada lo impide», afirma.
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