Ordóñez recusó a Rocío Araújo, la magistrada ponente del caso en el Consejo de Estado que decide si el Procurador fue o no beneficiario de un caso en el que varios familiares de magistrados de la Corte Suprema y representantes al Senado fueron contratados en la Procuraduría a cambio del apoyo a su reelección en 2013.
De acuerdo al jefe del Ministerio Público, es «grave» que no se evalúen las actuaciones irregulares de la magistrada Araújo antes de tomar una decisión en su caso, que de ser fallado en su contra terminaría retirándolo de su cargo.
«La apertura del proceso disciplinario pone en evidencia la altísima probabilidad de las irregularidades que se han presentado en el trámite de la demanda, en virtud de la actuación cuestionable y ya judicializada de la magistrada Araújo Oñate», dice la comunicación de la Procuraduría.
Esta actuación correspondería, según Ordóñez, a un «inequívoco interés» de la magistrada ponente de fallar el caso sin ceñirse a la Constitución, sino movida por «intereses subjetivos» que la beneficiarían en caso de que la sentencia se falle en contra del Procurador.
El Fiscal General de la República, Néstor Humberto Martínez, y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, defendieron la reactivación de la fumigación aérea para acabar con los cultivos ilícitos que sirven de «gasolina» para el conflicto armado.
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En declaraciones a un grupo de periodistas frente al Departamento de Justicia en Washington, Martínez insistió en su petición para que el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, analice el estado actual de la política antidrogas y tome las medidas necesarias ante el crecimiento «inusitado» de los cultivos ilícitos.
«Le he participado al señor presidente de mis profundas preocupaciones acerca de lo que puede significar el narcotráfico y que constituye una verdadera amenaza para la paz, porque ese es el combustible de la guerra y del conflicto», resaltó Martínez.
En ese sentido, el fiscal expresó su temor a que otros grupos como el Eln se hagan con los cultivos ilícitos de las Farc una vez que esa guerrilla se desmovilice como parte de los acuerdos de paz. Martínez ya le había pedido en una carta al ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, reactivar la aspersión aérea.
Martínez le pidió al ministro de Justicia «evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos, examinar la marcha de los acuerdos con las comunidades y considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea».
A su vez, Ordóñez apoyó la propuesta mediante una carta entregada este lunes a Londoño, asegurando que la Fiscalía bajo el mando de Eduardo Montealegre «se concretó en el desmantelamiento casi total» de la lucha contra el narcotráfico.
El jefe del Ministerio Público, en problemas por su posible destitución en el Consejo de Estado (ver recuadro), aseguró que la política de drogas ha sido cambiada «en aras de complacer las demandas de las Farc»; dice que el país «está, como lo advertimos, nadando en coca» y que con la suspensión de las fumigaciones aéreas, «vamos a naufragar en coca».
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«La política contra los cultivos ilícitos venía funcionando. No obstante, requería complementarse con una intervención en las regiones dirigida a construir estado de derecho, infraestructura económica y desarrollo social. En contra de la Constitución, el desmantelamiento de dicha política implica la renuncia del Gobierno a combatir el delito y ofrece inmunidad a quienes lo ejecutan», aseguró Ordóñez.
Con glifosato no
Martínez recordó que el principal problema para reiniciar las fumigaciones es que, por orden de la Corte Constitucional, no se puede realizar aspersión aérea de glifosato, un potente herbicida prohibido por la Organización Mundial de la Salud debido a un criterio de salud pública.
«Yo nunca he hablado de glifosato. Hay otra molécula que ha venido trabajando la Policía Nacional que corresponde a una opción que no hace daño humano y que adicionalmente permitiría, sobre la base de su comercialización, que se pueda utilizar», explicó el fiscal general.
Una de las opciones sería el glufosinato de amonio, una molécula mucho más efectiva como herbicida y que no tiene un efecto tan marcado como el glifosato sobre la salud humana, pero podría provocar mayores destrozos en las selvas donde se siembra la coca.
“Mientras con el glifosato los efectos se demoran un tiempo, el glufosinato funciona a corto plazo: toca la planta y la quema. Su efecto sobre la biodiversidad puede ser mayor. Sobre la salud humana, hay una evidencia muy débil”, aseguró a Semana el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Alejandro Chaparro.
Tanto Martínez como Ordóñez pidieron al Gobierno convocar el Consejo Nacional de Estupefacientes, en el que se podría determinar regresar a la fumigación aérea con glufosinato de amonio u otro químico.
