El alza de las tasas de importación de flores, cemento sin pulverizar, hulla bituminosa (carbón) y prendas de vestir, productos principalmente procedentes de Colombia, entró en vigor hoy en Panamá, que mantiene una controversia arancelaria con el país andino.
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Un decreto aprobado por el Gobierno de Panamá el pasado día 2 y publicado en la gaceta oficial el día 11 de agosto establece que el alza arancelaria estará vigente desde este martes hasta el próximo 31 de diciembre.
El documento indica que el arancel de importación de las rosas, claveles, crisantemos, calas, astromelias y gladiolas será a partir de hoy del 30 %, por encima del 15 % precedente.
El cemento sin pulverizar o clinker y la hulla bituminosa, un tipo de carbón mineral, pasan de pagar cero arancel a 30 % y 15 %, respectivamente, de acuerdo a la información oficial.
Además, el clinker también pagará un 7 % por concepto de Impuesto de Transferencia de Bienes, Muebles y Servicios (ITBMS), según establece el decreto de gabinete número 28.
Las tasas de importación de prendas de vestir pasan de entre 10 % y 15 % al 30 %, y también se les aplica desde este martes el 7 % por ITBMS, de acuerdo a la información oficial.
Quedan excluidos de la aplicación del alza arancelaria las mercancías que procedan de países con los que Panamá tenga vigentes acuerdos de libre comercio; de sus socios centroamericanos; de Paraguay, Bolivia y Ecuador o de la Zona Libre de Colón (ZLC).
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El decreto panameño entró en vigor en medio de una controversia con Colombia por un arancel del 10 % y un cargo de 5 dólares por cada contenedor que el país andino aplica, desde 2012, a las reexportaciones de calzados y textiles de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC), pese a que un fallo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) declaró ilegal esa medida.
El Gobierno panameño adoptó las medidas arancelarias «consciente de su obligación de garantizar» tanto «el desarrollo de la relaciones comerciales internacionales del Estado en un marco de certeza y previsibilidad» como «la protección de los intereses esenciales para el mantenimiento armónico» de las mismas, según indica el decreto 28.
El Gobierno de Panamá también aprobó el pasado día 2 un proyecto de nueva Ley de Retorsión o reciprocidad que, entre otros, crea una «Lista de Estados que Discriminan Contra Panamá» para aplicarles medidas migratorias, tributarias y arancelarias, entre otras.
El proyecto «es un mensaje claro de que Panamá está evaluando usar la Ley de Retorsión cuando sea necesario», dijo el presidente panameño, Juan Carlos Varela, la semana pasada, cuando el proyecto legislativo fue entregado al Parlamento para su aprobación.
Analistas y representantes del sector privado panameños han expresado su respaldo a las medidas económicas adoptadas por Gobierno de Panamá frente a la controversia con Colombia, aunque han pedido al mismo tiempo que las parte se sienten a dialogar sin precondiciones en busca de acuerdos que sean de beneficio mutuo.
«El Gobierno de Panamá ha hecho lo propio; crear unos aranceles, una ley de retorsión con un poco más de agarre (…) Panamá tiene que mandar un mensaje claro que el estatus quo no puede ser, Colombia tiene que moverse y cambiar su postura», dijo a Efe el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP), Jorge García.
Sin embargo, García alertó de los «peligros» que entrañan las medidas de reciprocidad, que son «una espiral negativa, que sabes como empiezan pero no cómo terminan».
