La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria Piedad Córdoba por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014.
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Luego de conocerse que el Consejo de Estado levantó la destitución e inhabilidad por 18 años en su contra, Córdoba dijo que en este momento lo más importante es recuperar su buen nombre.
La exsenadora afirmó que en su país «todavía impera la justicia» tras la decisión anunciada por el Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, de anular la inhabilidad de 18 años que le impuso la Procuraduría en 2010.
«Lo que acaba de ocurrir en el Consejo de Estado es una demostración de que Colombia tiene problemas de justicia, sí, pero que todavía la justicia impera», señaló Córdoba en una rueda de prensa.
La Procuraduría falló en 2010 que «la congresista dio información a las FARC sobre asuntos diferentes a los relacionados con la liberación de los secuestrados y concedió declaraciones en diferentes actos públicos».
Asimismo, consideró que «colaboró con la defensa de algunos exjefes y miembros del grupo guerrillero en procesos judiciales seguidos contra ellos y ejerció actos de promoción para favorecer a las FARC».
Las pruebas para el fallo fueron extraídas de los computadores del líder de las FARC Luis Edgar Devia, alias «Raúl Reyes», quien murió en 2008 en una operación militar de las Fuerzas Armadas colombianas en territorio ecuatoriano.
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Córdoba felicitó al Consejo de Estado por la decisión que tomaron y señaló que «es un acto de paz (…) muy importante» al haberse producido «ad portas» de concluir las negociaciones entre el Gobierno y las FARC para encontrar una salida negociada al conflicto.
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