A pesar del riesgo de una demanda que podría detener el avance de las normas para implementar la ratificación del acuerdo final de paz con las Farc en La Habana, la Registraduría ya tendría lista una fecha para la realización del plebiscito que ratifique el acuerdo.
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Según Blu Radio, el organismo electoral pidió a Corferias la disponibilidad de sus instalaciones para los domingos 2 y 9 de octubre. En uno de estos días se desarrollaría el plebiscito, el cual requiere de la disponibilidad de las instalaciones para ubicar el mayor puesto de votaciones del país.
Esto implicaría que, si se siguen los tiempos y plazos definidos por el Acto Legislativo por la paz, la firma del acuerdo de paz se daría en el final del mes de agosto, como lo habían indicado la ministra de Trabajo Clara López y el senador Roy Barreras.
Cabe resaltar que la Registraduría pidió seis semanas para realizar toda la logística necesaria para efectuar la capacitación de jurados, la asignación de mesas de votación y la impresión de los materiales electorales, lo cual le costará $350.000 millones a la Nación.
Demandaron el plebiscito por la paz
Entre tanto, una demanda contra el fallo de la Corte Constitucional que autorizó el umbral del 13% para declarar como válido y vinculante el plebiscito por la paz fue recibida por el alto tribunal.
Según la acción judicial, la Corte no debió haber aprobado el umbral de 13% de participación debido a que tanto la Constitución como la ley 134 de 1994 obligan a que esta participación sea mínimo de un 50%, es decir, de 16,9 millones de votantes.
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En cambio, el umbral autorizaría a «un número cercano a 4’400.000 electores, muy inferior al total de votos obtenidos por el presidente actual en su reelección en el 2014» a tomar la decisión de aceptar los acuerdos de La Habana.
Así mismo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó una tutela que había impuesto el ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta para atajar el avance del proceso por la paz mientras se decidiera en el Consejo de Estado una resolución impuesta por el mismo ciudadano contra todo el proceso.
Según el magistrado que estudió la tutela, Cerveleón Padilla, los argumentos estaban marcados por un nivel de subjetividad que impedían la adecuada protección de los derechos de los colombianos, en especial del derecho a la paz.
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