La Corte Constitucional declaró inconstitucional la norma que creaba un Tribunal de Aforados para investigar a los altos funcionarios de la política colombiana, y devolvió estas funciones a la desprestigiada Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
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La decisión de la Corte es la respuesta a una demanda interpuesta por el exfiscal Eduardo Montealegre contra el Tribunal, órgano que pretendía hacer más eficiente la investigación y el eventual juzgamiento de los aforados, entre ellos el presidente, el fiscal, entre otros.
En síntesis, la providencia señala que en el Acto Legislativo 02 de 2015, conocido como la reforma de equilibrio de poderes, son inexequibles varios artículos de la iniciativa al encontrar que con su aprobación «el Congreso había desconocido los límites competenciales para reformar la Constitución».
Igualmente consideró que «el régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del Fiscal General de la Nación contenido en esas disposiciones sustituyó el eje definitorio ‘separación de poderes y autonomía e independencia judicial'».
Con el fallo de la Corte se revive la Comisión de Acusaciones, tal vez el órgano más desprestigiado de la institucionalidad colombiana porque a pesar de muchos escándalos solo ha llevado un caso a juicio político ante el Senado, el del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, que tampoco ha avanzado.
Con la decisión de la Corte Constitucional se elimina casi la totalidad de la principal reforma constitucional que ha impulsado el gobierno Santos, que buscaba darle respuesta a la crisis que enfrentó la Justicia a raíz del escándalo que envolvió al magistrado Pretelt, acusado de recibir dádivas por fallar tutelas y cuyo caso habría pasado al Tribunal de Aforados si este hubiera quedado en firme.
En los más de 100 años de existencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sólo dos personas han sido acusadas formalmente: el general Gustavo Rojas Pinilla, por el golpe de estado y la dictadura que ejerció entre 1953 y 1957 y el magistrado Pretelt.
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