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Boyacá se convirtió en un polvorín luego de dos actos que convirtieron al departamento en centro de atención durante el paro camionero. Un accidente de tránsito en el que resultó herido el Gobernador Carlos Andrés Amaya, y una protesta que terminó con la muerte de un joven y la militarización de Duitama, hicieron que el Gobierno levantara el diálogo hasta que se acaben los actos vandálicos.
Amaya se dirigía a una reunión con los líderes del paro camionero en Duitama cuando se estrelló con un vehículo de transporte público en el sector Alto de San Martín, entre Tunja y Paipa. De inmediato, fue rescatado por varias personas y remitido al centro de salud Mediláser de la capital boyacense.
Según un comunicado de la Gobernación de Boyacá, el accidente ocurrió debido a que un bus de servicio intermunicipal de la empresa Coflonorte se estrelló con el carro del Gobernador tratando de evadir una barricada.
«Las barricadas levantadas por los manifestantes habían hecho detener a un bus de la empresa Libertadores y cuando el conductor del automotor de servicio público de pasajeros intentó reanudar la marcha, giró hacia la izquierda y cerró el paso de los vehículos de la caravana oficial, motivo por el cual se produjo la colisión», dice la información de la Gobernación local.
A pesar de esto, uno de los líderes de la Cruzada Camionera aseguró que en el punto donde ocurrió el accidente no hay concentración de transportadores y que el choque fue provocado debido a que la caravana de Amaya iba en contravía.
Por su parte, el conductor del autobús con el que chocó la camioneta de Amaya aseguró que en el sitio un grupo de encapuchados, presuntamente parte de la Cruzada Camionera, se abalanzaron contra el vehículo de transporte público y lo obligaron a detenerse a un costado de la vía para no afectar la integridad de sus pasajeros.
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En comunicado de la empresa, el conductor de servicio público aseguró que vio cómo los encapuchados lanzaron piedras contra las camionetas del esquema de seguridad de Amaya, las cuales ocasionaron que en una maniobra de evasión el vehículo en el que viajaba el Gobernador chocara con la parte trasera del autobús y otro automóvil lo embistiera.
El Presidente Juan Manuel Santos lamentó el incidente y ordenó militarizar las vías más afectadas por las agresiones de los transportadores en paro. «Aquí no vamos a ceder al chantaje. Seguimos dispuestos al diálogo pero no vamos a ceder al chantaje y mucho menos a un chantaje que viene acompañado de violencia y de episodios como el que acaba de sufrir el Gobernador de Boyacá», dijo desde Riohacha.
Protesta y asonada
En la tarde, oficiales del Esmad de la Policía, obedeciendo la orden de abrir mediante la fuerza las vías bloqueadas, se enfrascaron en una batalla campal contra transportadores y curiosos en el sector Higueras de Duitama.
Uno de los manifestantes, identificado como Luis Orlando Celis, de 27 años y estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, falleció luego de que un cartucho, presuntamente de una bomba de aturdimiento disparada por el Esmad, impactara su cabeza.
La muerte de Celis provocó la indignación y furia de los manifestantes. Un grupo de cerca de 100 encapuchados se dirigió a la alcaldía de la ciudad y despedazó con piedras los ventanales de la instalación. La situación debió ser controlada mediante el toque de queda y la militarización de Duitama.
Afuera de la mesa
Apenas se conoció este hecho, el Gobierno anunció que se suspendían las negociaciones con los transportadores por alteraciones de orden público y hasta que no se confirme la responsabilidad en este hecho.
El secretario de Presidencia, Luis Guillermo Vélez, dijo: “Hay versiones muy serias que indican que pudo haber tenido relación con actos vandálicos, probablemente iniciados por miembros de la cruzada camionera y hasta tanto no se verifiquen los detalles de este lamentable accidente se ha tomado la decision de suspender las negociaciones con los camioneros».
El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, destacó que se han avanzado los diálogos en temas como el incremento de los fletes, la chatarrización de camiones y el saneamiento de los vehículos mal matriculados, pero ratificó que mientras sigan las vías de hecho, no se retornará a la mesa de diálogos.
Finalmente, la Superintendencia de Transporte anunció multas de hasta 482 millones de pesos o la cancelación del permiso a quienes sigan alterando el orden público. «Una vez se compruebe el cese injustificado de actividades por parte de los prestadores de este servicio procederemos a imponer drásticas sanciones», afirmó el Superintendente Javier Jaramillo.
PUB/EA/JMR
