En audiencia pública, Martínez Neira dijo ante el máximo tribunal de la justicia ordinaria que su propósito al ocupar el cargo de Fiscal General será “la reingeniería a la Fiscalía General de la Nación, para que haya un mejor acceso, una mayor eficiencia, para que los ciudadanos confíen más en la institución y denuncien los delitos, pues la criminalidad que no se denuncia alcanza casi el 80%”.
La Corte Suprema indicó que el nuevo fiscal es doctor en Ciencias Jurídicas y Ciencias Socio-Económicas, especialista en Derecho Comercial y Derecho de Familia, y magister en Sociedades.
En 1996 fue embajador de Colombia ante la República de Francia, también fue ministro de Justicia durante el gobierno de Ernesto Samper y ministro del Interior durante el gobierno de Andrés Pastrana. Además, fue el primer Ministro de Presidencia del segundo gobierno de Juan Manuel Santos.
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A lo largo de su carrera política Martínez se ha desempeñado como abogado consultor, litigante y docente de las universidades Javeriana, de los Andes, del Rosario y Sergio Arboleda. En este tiempo también fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, Superintendente de Sociedades Delegado, Superintendente Bancario y Subgerente Legal del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
La Corte eligió a Martínez Neira como reemplazo de Eduardo Montealegre Lynett. En la próxima Sala Plena se confirmará el nombramiento y luego el Presidente de la República se encargará de nombrarlo en su cargo.
Retos del nuevo Fiscal General
Sin duda alguna, el principal reto que tendrá Martínez será crear una Fiscalía para el posconflicto.
Si la paz se firma con las Farc, esta entidad será la encargada de entregarle al Gobierno la Jurisdicción para la paz. Además, deberá concluir las investigaciones hechas a los guerrilleros para saber quiénes serán juzgados por el Tribunal Especial para la Paz y quiénes serán beneficiados con amnistía.
El diario La República recordó que otro de los retos que tendrá el fiscal será devolverle a la Fiscalía la credibilidad, además de resolver casos de interés nacional, como los falsos positivos, el caso Colmenares, el ‘carrusel de la contratación’, entre otros.
