Así será el proceso de excarcelación de 8.500 presos por delitos menores

El Ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, aclaró que la excarcelación no será inmediata sino gradual y no podrán ser beneficiarios de esta medida quienes no hayan cometido delitos graves.

Por PUBLIMETRO/EA

“Cada juez será el que evalúe y decida si se concede o no la libertad o cambio de medida preventiva”: Minjusticia.

A partir de este jueves, quienes cumplan con los requisitos podrán hacer parte de este proceso, que tardará varios meses y que tiene como objetivo principal descongestionar las cárceles del país.

De acuerdo con la Ley 1760, los presos que llevan más de un año sin que se les resuelva su situación jurídica podrán solicitar la sustitución de la medida que los mantiene privados de la libertad, indicó Minjusticia.

Otro de los objetivos de esta medida es fomentar el respeto a los derechos de las personas sindicadas de delitos menores y a las que no se les ha definido su situación jurídica.

“Este será un proceso gradual que tardará varios meses. Los 8.500 presos que tienen la posibilidad de dejar las cárceles y que están en varios centros de reclusión del país, no lo harán de inmediato. Por ello el impacto no se va a sentir con fuerza. Los abogados presentarán sus solicitudes y la Fiscalía podrá oponerse a ellas; y luego un juez tendrá que citar a audiencia, en la que se definirá si la persona puede quedar en libertad o si simplemente se le cambia la medida de detención preventiva”, manifestó Londoño.

Según el ministro, durante el 2015 salieron de las cárceles cerca de 38.000 personas porque cumplieron su pena, fueron absueltos o por vencimiento de términos, “por lo que las 8.500 personas que podrán solicitar su libertad no van a generar un problema social”, aseguró.

¿Quiénes saldrán?

Para aquellos que piensan que el país se llenará de delincuentes, el jefe de la cartera de Justicia aclaró que no podrán quedar en libertad las personas que estén presas de delitos de tipo sexual, aquellas investigadas por la justicia penal especializada (por tortura, homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, genocidio, secuestro, desaparición forzada, etc) y las relacionadas con delitos de corrupción.

Además, los jueces y fiscales tendrán un año, a partir de ahora, para investigar y fallar cada caso en particular.

“Se creó una comisión de la que hacemos parte el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura para que esos procesos puedan ser estudiados y evacuados este año. Vamos a poner en marcha un plan de choque que priorice el trámite de dichos procesos”, puntualizó Londoño Ulloa.

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