Un total de 592.000 víctimas del conflicto armado colombiano fueron indemnizadas desde 2011, cuando se aprobó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, según explicó el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Alan Jara.
El exgobernador del Meta y exsecuestrado destacó la labor de «reparación colectiva» que se ha realizado desde la aprobación de la Ley de Víctimas, el 10 de junio de 2011. «La reparación colectiva se convierte en elemento de reconciliación y también de reparación a la sociedad en su conjunto para reconstruir tejido social», señaló Jara.
Asimismo, agregó que la entidad que dirige afronta el «reto de la construcción de paz y el posconflicto», para lo cual debe de darse una reparación integral a las víctimas.
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Jara también comentó que en los cinco años que han transcurrido desde la aprobación de la ley, y más allá de las cifras puntuales, lo más importante ha sido «el reconocimiento de las víctimas» del conflicto armado colombiano que el Gobierno intenta terminar en un proceso de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN.
Jara, secuestrado por las Farc entre 2001 y 2009, recordó que tras ser liberado, se «sorprendió positivamente» puesto que comprendió que «la sociedad se empezaba a preocupar por un tema que antes no es que no existiera en la agenda, sino que no era una prioridad ni de lo medios ni de quienes tenían responsabilidades».
A partir de la aprobación de la ley, se ha producido un empoderamiento de las víctimas, especialmente porque han permitido que conozcan sus derechos. Jara destacó que el actual Gobierno «no solo se la jugó por aprobar una ley importante sino por sacarla adelante».
«Es una ley muy ambiciosa y eso es muy bueno, pero implica retos enormes. Se siente en las regiones, como las personas que son sujeto de derecho hoy lo hacen con plena autoridad y en un acompañamiento de la misma sociedad en su conjunto», apostilló.
En estos cinco años, también más de 1.600 mujeres han pasado por la estrategia de reparación integral para víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual; más de 5.500 mujeres sobrevivientes de violencia sexual recibieron su indemnización administrativa, y los equipos psicosociales han acompañado la entrega de restos a 1.743 familias con seres queridos que habían sufrido desaparición u homicidio.
Por su parte, la subdirectora general de la Unidad para la Restitución de Tierras (URT), Alcelis Coneo, destacó que desde 2011 ha habido «experiencias bien interesantes e importantes».
«Hoy contamos con un procedimiento ágil, jueces y magistrados e instituciones especializadas que permite a víctimas del conflicto recuperar uno de los bienes mas preciados como es la tierra», señaló Coneo.
La funcionaria también comentó que Colombia ha asumido el reto de ir más allá de «la entrega material o jurídica de ese bien inmueble» para trabajar con las personas a quienes despojaron de sus tierras.
«Este proceso de restitución le ha apostado a lo que tiene que ver con la sostenibilidad de las víctimas, implementación de proyectos productivos, alivio de deudas de las víctimas y construcción de las viviendas», concluyó.
La URT ha recibido un total de 90.395 solicitudes, lo que supone le 51 %, y 33.382 han finalizado el trámite administrativo.
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