Una investigación de la Superintendencia de Salud obligó al cierre de 8 IPS que habrían cobrado al sistema de salud más de 57.000 millones de pesos en menos de dos años en falsas terapias para tratar a niños con trastornos del espectro autista (TEA).
Según la investigación, las clínicas ubicadas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar y el Distrito Capital no contaban con médicos, historiales clínicos ni guías, pero de todos modos cobraban entre 200 y 300 mil pesos por terapias que nunca se realizaron.
Los TEA, conocidos popularmente como «autismo», son trastornos del comportamiento que se presentan sobre todo en los niños, los cuales conducen al aislamiento de los menores en temas de comunicación y emocionales.
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Su tratamiento se realiza mediante terapias que buscan revertir este aislamiento y recuperar la comunicación. Algunas de estas terapias no son cubiertas por el POS, lo cual se prestó para los abusos de las clínicas que, mediante tutelas y recobros, consiguieron saquear los recursos del Sistema de Salud.
Las clínicas investigadas por la Supersalud habrían aprovechado la desesperación de los padres de familia que buscaban curar a sus hijos de sus trastornos, haciendo que se aprueben sus terapias mediante acciones judiciales, forzando a realizarse «tratamientos experimentales» de alto costo y dudosa efectividad en sus instalaciones y desangrando así los recursos del sistema de salud.
Así, las IPS, que tienen un aspecto más parecido al de jardines infantiles, podían recibir decenas de pacientes pero no les llevaban un seguimiento clínico, sus tratamientos eran realizados por docentes en vez de médicos, e incluso se cobraban como procedimientos experimentales terapias cubiertas en el POS.
El superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, dijo a Semana que esta investigación «fortalecerá las denuncias que estamos haciendo a otras instancias de control para que investiguen a estas instituciones, pues aquí se tipifica algún tipo de fraude al sistema de salud».
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