Procuraduría podría investigar a funcionarios que apoyen el plebiscito

La viceprocuradora Martha Isabel Castañeda explicó que la participación de servidores públicos en la campaña por el sí sería participación en política, una falta disciplinaria.

Por Publimetro Colombia
¿A las urnas los jóvenes de 14?

El plebiscito por la paz trajo una polémica importante por parte del Partido Liberal, cuya dirección propuso que en su votación participen los jóvenes entre 14 y 18 años.

Según anunció Fabio Amín, copresidente del Partido, la propuesta busca que los jóvenes “ratifiquen la voluntad de quienes sí soñamos por la paz”.

La propuesta de Amín es una respuesta a la decisión del Partido Liberal de regresar a la Unidad Nacional, luego de un amago de crisis provocado por el cambio de gabinete del pasado mes de abril.

La Procuraduría General de la Nación advirtió que podría investigar a los funcionarios que hagan campaña o participen en la promoción por el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz, al cometer una presunta falta disciplinaria.

La viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, explicó que las normas constitucionales impiden que los funcionarios públicos puedan opinar en una elección como el plebiscito de paz, y que esta restricción solo puede ser retirada mediante la aprobación de una ley estatutaria.

” Para que un servidor público pueda con la facultades que otorga esta ley deliberar y promover los acuerdos de La Habana, que son una participación en política, debe existir previamente una ley estatutaria de la misma categoría que les permita hacer o gestionar esta clase de participación frente a la ciudadanía”, dijo la funcionaria.

Esto se suma al concepto enviado por la Procuraduría a la Corte Constitucional, en el que pide que sea declarado como inexequible el llamado a convocar el plebiscito por la paz, debido a que este “no puede subordinar” a todos los poderes públicos “bajo el pretexto de un 13 por ciento del censo electoral y la amenaza de 50 años más de guerra”.

Según el concepto de la Procuraduría, el camino real para aprobar esta elección es por vía del referendo constitucional, el cual permite “suficiente deliberación” y la aprobación de los puntos del acuerdo de manera individual.

“En los artículos 1 y 4 de ese proyecto se establece una nueva forma de plebiscito que contraría ostensiblemente nuestra carta, dado que viola el principio a la igualdad y especialmente el principio de legalidad”, indicó la viceprocuradora Castañeda.

En caso de avalarse el plebiscito por la Corte Constitucional, el Ministerio Público pidió que sea declarado inexequible el artículo 2 parágrafo 2, en el cual se conmina al Presidente a convocar el plebisicito si el Congreso no rechaza su convocatoria. En cambio, pide que sea aceptada expresamente por el Senado y la Cámara.

Estos argumentos de inexequibilidad serán expuestos ante la Corte Constitucional en una audiencia pública el 26 de mayo, y en su defensa participaría el ministro del Interior y principal impulsor de la propuesta, Juan Fernando Cristo.

“Las Farc no han aceptado el plebiscito”

A pesar del optimismo alrededor de los anuncios realizados en La Habana sobre la aceptación de una refrendación popular por parte de las Farc, el jefe negociador Humberto de la Calle advirtió que esta refrendación no implica que la guerrilla haya aceptado el plebiscito por la paz que propone el gobierno.

“La refrendación no está en duda. El plebiscito no ha sido aceptado por las Farc, el Gobierno espera que la Corte Constitucional de su concepto, pero la guerrilla cree que debe haber una consulta a los ciudadanos a través de la consulta popular, así que en ese camino seguimos”, dijo De la Calle en un foro en la Universidad Externado.

El jefe del Gobierno en la mesa de diálogos de La Habana ratificó que este blindaje jurídico anunciado el jueves aplicará para todos los actores del conflicto, tanto de las Farc como oficiales.

“Esto no es un problema solo de la guerrilla, es un problema de todos y por eso el blindaje aplicará para varios sectores, por ejemplo, un coronel del Ejército se pudo haber salido del camino y también necesitará seguridad jurídica para acudir a la jurisdicción especial”, aseguró.

Finalmente, aseguró que hablar de un golpe de estado es “exagerado” por parte de los opositores al proceso, pues el mismo se enmarca dentro de un papel de respeto a la Constitución y a las instituciones.

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo