El Ministerio de Educación Nacional dio a conocer la existencia de tres redes que se han detectado en la operación de alimentación escolar, y han tenido contratos por más de medio billón de pesos en la Costa Atlántica y Norte de Santander.
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«La telaraña que se ha venido tejiendo por parte de algunos de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE- involucra cambios en la denominación de entidades sin ánimo de lucro, variaciones en la representación legal de estas entidades, agrupaciones en consorcios y uniones temporales», afirmó la Ministra de Educación, Gina Parody.
Este tipo de maniobras han permitido a algunos operadores ocultar información relacionada con posibles incumplimientos al momento de ser seleccionados para operar el PAE. A continuación le mostramos las redes que denunció el Ministerio:
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Red 1
El Ministerio identificó que Katia Elena Rosado Murillo, Ivis Rosado Robles y María Angélica Araujo, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2007 por un monto aproximado de $449.613 millones.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación para el Desarrollo de la Serranía del Perijá – CORPERIJÁ, Unión Temporal en los Años Dorados (Wakuzari – Corperijá), Consorcio Años Dorados (Corperijá – Fundación Provenir – Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Nuevo País, Asoalimentarce – Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Consorcio Alimentando un Cesar más Educado (Asoalimentarce – Kábala) y Fundación Acción Social Integral, antes (Kábala) y antes (Fundación Pa Todo El Mundo).
Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Katia Rosado, Ibis del Carmen Rosado y María Angélica Araujo Noguera como representantes legales.
Red 2
El Ministerio identificó que Adiela Álvarez y Hugo Mario Álvarez, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas han celebrado contratos de alimentación escolar desde el año 2012 por un monto aproximado de $129.011 millones.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación Gestión del Recurso Social y Humano -GERS, Consorcio Alimentos del Cesar (GERS – Mauro’s Food), Consorcio Maná (GERS – Fundación Proveer Nuevo Milenio), Consorcio Alimentando Corazones (GERS – Sydac), Unión Temporal Nutrisantander (GERS – Nutricol), Fundalimentos y UT Ananias.
Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a Adiela Álvarez Quintero, Hugo Mario Álvarez, Marlene Ester Vásquez, Berna Luz Guillén Carranza, Nini Johana Baraja y Leung Waiy Hon Díaz como representantes legales.
Red 3
El Ministerio también identificó que José Antonio Manrique, por intermedio de fundaciones, consorcios, uniones temporales y entidades relacionadas con estas ha celebrado contratos de alimentación escolar desde 2012 en Norte de Santander aproximadamente por $40.426 millones y prestación del servicio educativo desde el año 2012 aproximadamente por $222.000 millones, para un total de $262.426 millones.
La entidad denunció a Paz y Futuro por las irregularidades encontradas en la prestación del servicio educativo ante la Fiscalía General como resultado de la auditoría realizada en Córdoba y Norte de Santander donde se encontraron 7.638 niños inexistentes.
Estas contrataciones se han realizado mediante fundaciones como: Corporación Paz y Futuro y UT «Dadle vosotros de comer» (Corporación Social Diócesis – Corporación Paz y Futuro).
Esta RED ha tenido a lo largo de su funcionamiento a José Antonio Manrique como representante legal.
«Estas redes han venido tejiéndose por años, son empresas que en muchas ocasiones no cumplen con los estándares y lineamientos para prestar el servicio y se han apoderado históricamente de este negocio. Por primea vez le estamos poniendo el rostro a quienes se esconden detrás de estas empresas», precisó Parody.
El llamado que se hace desde el Ministerio de Educación es para que alcaldías y gobernaciones conozcan cuáles han sido los operadores que hacen parte de esta red y realicen procesos de participación pluralista, es decir con varios oferentes que garanticen la transparencia y una buena prestación del servicio a los niños y jóvenes del país.