El medio ambiente mundial necesita de nuestra ayuda. La situación de millones de personas en riesgo por el calentamiento global ha hecho que artistas como Héctor Buitrago y Andrea Echeverry se vuelquen a la tierra, y apoyen a decenas de activistas ambientales en todo el país que buscan transformaciones en su entorno.
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Pero, como demostró la reciente situación de sequía causada por el Fenómeno del Niño y la implantación del programa Apagar Paga, cada vez se hacen necesarios proyectos más intensos para recuperar la situación del medio ambiente o, por lo menos, para disminuir su impacto, impulsados por los gobiernos, que complementen el trabajo de activistas.
Según la ONG Greenpeace, una de las principales situaciones que un gobierno como el colombiano debe garantizar es el manejo del agua y el impulso de las energías renovables, con una reducción del impacto de minerales como el carbón y el petróleo.
Esta situación obliga, para la ONG, a que el tema ambiental se convierta en una prioridad en el desarrollo de la política gubernamental en el posconflicto. «No se trata de aprovechar el fin de la guerra para volver aptos los territorios para la extracción, se trata de garantizar a la gente posibilidades de vivir en un territorio pacifico y un ambiente sano», dice su directora en Colombia, Silvia Gómez.
Esta protección debe asegurarse, para Greenpeace, más allá de la creación de zonas como parques naturales o santuarios: debe, por ejemplo, asegurarse la normativa que impide la minería en zonas de páramos y declararse el agua como un derecho y utilidad pública. Un proyecto en este sentido es impulsado por el senador del Partido Verde Jorge Prieto.
Esto evitaría polémicas como la sufrida durante la semana anterior con respecto a la implementación de explotaciones petrolíferas en inmediaciones de la Serranía de la Macarena, la cual fue derribada luego de una amplia polémica que involucró a grupos ambientalistas, comunidad del Meta y Ecopetrol.
» No es posible que Colombia esté apostándole económicamente a negocios extractivos (como el petróleo, el carbón, el gas) cuando a nivel mundial los precios de estos activos están bajando y su rentabilidad está siendo revaluada», afirma Gómez.
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Bajando el CO2
De estas herramientas también hacen parte los acuerdos de disminución de emisiones de dióxido de carbono, como el negociado en la Cumbre COP-21 en París el pasado mes de noviembre y que será firmado este viernes en la ONU.
En este sentido, Colombia está bien ubicada: el 75% de su electricidad se produce mediante fuentes hidroeléctricas renovables, pero es necesario expandir este porcentaje e incluir en la generación eléctrica proyectos como los paneles solares y la energía eólica.
El propio presidente Juan Manuel Santos reconoció esta necesidad al nombrar al nuevo ministro de Minas, Germán Arce. «El país y el sector energético tienen que aumentar el porcentaje de energía que proviene de las fuentes alternativas», dijo el primer mandatario este martes.
Para reducir las emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales puntos es la implementación de tecnologías alternativas: la masificación del uso de bicicletas, el incremento del uso de vehículos eléctricos (tanto automóviles como motocicletas) y la masificación del teletrabajo.
Proyectos como el que cursa en el Congreso para dar beneficios a los biciusuarios, impulsado por la senadora Claudia López y la representante Angélica Lozano, son puntos positivos pero podrían expandirse.
Así, por ejemplo, en países de Europa y Norteamérica los automóviles eléctricos e híbridos se han convertido en algunos de los más vendidos gracias a los beneficios tributarios que reciben. En Colombia, estos beneficios no son entregados por ley, por lo que todavía su implementación es muy lenta.
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