El alto comisionado colombiano para la Paz, Sergio Jaramillo, admitió hoy la necesidad de una campaña explicativa sobre las conversaciones del Gobierno con la guerrilla para que cada colombiano sienta «por qué es importante la paz para él».
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En declaraciones a EFE en Madrid, donde participó en una tribuna de prensa organizada por la Agencia y la Casa de América, Jaramillo analizó el proceso de paz colombiano, que según las encuestas cuenta con un porcentaje de la opinión pública en contra y que deberá ser sometido en el futuro a una consulta a los ciudadanos.
Jaramillo advirtió a la guerrilla de las Farc, con la que negocian desde 2012, que uno de los principales apoyos al proceso procede del Gobierno estadounidense de Barack Obama, cuyo mandato termina a final de año.
«Cualquier analista se da cuenta de que el gobierno Obama ha dado todo el apoyo al del presidente Santos; hemos tenido mucho contacto con el secretario de Estado John Kerry. Más acuerdo con EEUU es difícil y todos sabemos que están (en el poder) hasta el 31 de diciembre», apuntó Jaramillo.
Esa consideración la tienen que hacer las Farc «y sin duda la están haciendo», añadió.
Uno de los elementos más polémicos de las negociaciones es el de las penas para los guerrilleros tras la firma del acuerdo y la posibilidad, apuntada por algunas organizaciones internacionales, de generar una especie de impunidad para ellos.
En esto podría tener un papel la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga delitos de lesa humanidad y a la que podrían recurrir los descontentos con las penas previstas en el acuerdo de paz.
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El acuerdo prevé que los guerrilleros que reconozcan delitos graves tendrán entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, aunque quienes no hayan tenido una participación determinante en esos crímenes tendrán una sanción de entre dos y cinco años.
Por otro lado, los que también reconozcan su responsabilidad pero de manera tardía, según el acuerdo, cumplirán penas de entre cinco y ocho años en prisión, mientras que quienes no asuman su responsabilidad en delitos pero la Justicia demuestre su participación podrán ser condenados hasta a veinte años de cárcel.
Según Sergio Jaramillo, se trata de construir un sistema en línea con la doctrina de la ONU de 2004 sobre justicia transicional y estado de derecho «y de cómo utilizar de manera más efectiva y racional diferentes instrumentos judiciales y extrajudiciales en una transición».
En opinión del alto comisionado, la CPI nunca ha afrontado un proceso de las características del colombiano: «su preocupación son los crímenes internacionales pero hemos tomado todas las medidas para que la solución sea acorde con el estatuto» de ese tribunal ubicado en La Haya.
Ministros del Gobierno colombiano han dado explicaciones sobre el proceso en La Haya y de esas conversaciones se deduce que «están bien informados. Mi impresión es que la preocupación no son los acuerdos sino la ejecución».
El Ejecutivo de Santos también va a negociar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y lo hará «en paralelo», consciente de que es una organización con una historia y unas ideas distintas.
No obstante, ya hay una estructura empleada con las Farc que tendrá que ser utilizada con el ELN, «como son acuerdos en materia de víctimas o lo que se haga en materia de cese el fuego».
«Aquí lo fundamental es entender que en la opción del gobierno hay un solo fin de conflicto; puede haber diferentes mesas, pero hay instrumentos que se usan una vez: una refrendación popular, una comisión de la verdad, etcétera…»
Jaramillo ve «improbable» que las negociaciones con ambos grupos guerrilleros puedan acabar en la misma fecha.
Sectores en Colombia temen que la desmovilización de guerrilleros lleve a que engrosen las filas de la criminalidad organizada.
Santos está convencido de que la paz con las FARC se dará este año
Conseguir la paz permitirá destinar más recursos a la lucha contra la delincuencia organizada pero, al mismo tiempo, hay que «construir más oportunidades para nuestros jóvenes en regiones periféricas del país», de modo que no caigan en sus redes.
Estudio Universidad de La Sabana sobre el proceso de paz en Bogotá
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