Las oficinas en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y su similar para los Refugiados (Acnur) reiteraron hoy su respaldo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuestionada en los últimos días por una supuesta ineficacia.
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En un comunicado conjunto, ambas oficinas subrayaron que «reparar integralmente a un universo de cerca de siete millones de víctimas» del conflicto armado, «siendo el 80 % de ellas población desplazada», es un «enorme reto» que el Estado colombiano asumió con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en 2011.
La reacción de ambas oficinas llega después de que el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, haya tenido en los últimos días enfrentamientos con el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, porque en su opinión la ley puede perjudicar a los campesinos que, de buena fe, adquirieron terrenos previamente despojados a sus legítimos dueños.
En la polémica ha intervenido también el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien el pasado fin de semana participó con Ordóñez en una reunión con campesinos de la región del Magdalena Medio, en el centro del país, en la que manifestaron su descontento con esta ley.
Las entidades de la ONU destacaron que la ley fue creada para «promover el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas» y como «un instrumento importante para facilitar la construcción de la paz y la reconciliación», si bien reconocieron que hay «dificultades de diverso orden» para restituir las tierras.
Entre ellas figuran «la realidad de ocupaciones de predios reclamados en restitución por parte de campesinos vulnerables, que incluso pueden ser también víctimas del desplazamiento, que alegan haber actuado de buena fe», una cuestión que estudia la Unidad de Restitución de Tierras, encargada de la titánica tarea.
Tras exponer esta situación, ambas oficinas advirtieron que «el debate necesario sobre la protección de los derechos de segundos ocupantes de buena fe», argumento esgrimido en los últimos días por quienes cuestionan la eficacia de la norma, «no debe ser utilizado para sembrar dudas sobre la decisión de restituir las tierras a las víctimas de abandono y despojo violentos».
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Tampoco para «poner en riesgo los avances de la ley en la atención y reparación a las víctimas o para emitir acusaciones o estigmatizaciones contra las víctimas, sus organizaciones o las defensoras y defensores de derechos humanos», agregaron.
Por todo ello, instaron a las instituciones responsables y las partes interesadas «a establecer canales para un diálogo sereno y respetuoso que permita avanzar en la garantía de los derechos humanos de las víctimas reclamantes y de los segundos ocupantes que acrediten la buena fe».
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