El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, se encuentra en el ojo del huracán por sus polémicas actuaciones, que para cada vez más personas se están conviertiendo en una serie de actos con los que inició su campaña presidencial para el 2018.
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El último de estos escándalos fue divulgado este lunes por el exdirector del DAS y columnista Ramiro Bejarano, quien cuestionó que el procurador delegado para asuntos territoriales, Carlos Meza, tuviera como su foto de perfil en Whatsapp una imagen que dice «Todos con Ordóñez».
Los cuestionamientos de Bejarano surgen debido a que Meza, en su capacidad de servidor público e investigador en el máximo ente disciplinario, no podría participar en política y mucho menos con respecto a su jefe (ver recuadro).
Este apoyo se da en momentos en que Ordóñez afronta el fallo de una demanda en contra de su reelección en el Consejo de Estado. El argumento indica que, al no existir una aprobación expresa de la reelección del Procurador General en la Constitución, Ordóñez no debía aasumir su cargo por segunda vez en 2013.
Además, la ponencia de la magistrada Rocío Araújo indica que tres de los jueces de la Corte Suprema de Justicia que reeligieron a Ordóñez estaban impedidos. La sesión inició este martes en la mañana, pero fue suspendida luego de una sesión de más de 6 horas y se retomará la próxima semana.
Otras participaciones del Procurador en política, según analistas y observadores, son las invitaciones que recibió a actos públicos y foros en Cesar y Magdalena, en las que se protestó por la aplicación de la ley de restitución de tierras a ganaderos y finqueros de la región.
Una de estas invitaciones se registró este sábado en San Alberto (Cesar), en la que Ordóñez, junto al presidente de Fedegán José Félix Lafaurie, hizo críticas muy fuertes a la forma en la que el Ministerio de Agricultura implementa la ley de restitución de tierras.
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Ordóñez: «Es desconocimiento de la Constitución»
El procurador Ordóñez aseguró que su participación en actos como el realizado este sábado en San Alberto no corresponde a una participación ilegal en política, y sus críticos tienen «desconocimiento de las funciones constitucionales» de su cargo.
«Eso es parte del analfabetismo constitucional. Hay que advertir que nosotros fuimos invitados tanto a San Alberto como a Sabanas de San Ángel (Magdalena) por las autoridades, y pidieron a la Procuraduría que convocara a la institucionalidad, y por eso la institucionalidad fue a San Ángel. Entonces no entiendo cuál es el escándalo», dijo Ordóñez.
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Según el alto funcionario, es «gravísimo» que el propio Ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, reconozca que existe un alto porcentaje de reclamantes de tierras falsos, los cuales afectarían el derecho a la propiedad de sus subalternos.
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«La ley se hizo para quitarle la tierra a los despojadores, las bacrim, las Farc. Pero si esa ley está afectando a los particulares, como el Gobierno lo reconoce, pues esos derechos tienen que ser protegidos por el Estado», insistió el jefe del ente investigador.
Ordóñez aseguró que aceptará «cualquier decisión» que tome el Consejo de Estado, aunque una destitución solo haría que saliera de su cargo unos meses antes del fin de su segundo período, el 15 de enero de 2017.
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